Por Roberto Rendón Vásquez
La electa Presidenta Keiko Fujimori ha presentado al Congreso de la República (Cámara de Diputados) una solicitud para que en aplicación del artículo 104° de la Constitución deleguen al Poder Ejecutivo facultades legislativas, para 66 por 120 días calendarios, pedidos específicos y prioritarios, entre otros para: “Seguridad ciudadana, orden interno y lucha contra la delincuencia, modificar normas sobre geolocalización y rastreo de equipos de comunicación ilícitos, considerar a las organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas, fortalecer el servicio de inteligencia y las operaciones de la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas, incrementar el control en los establecimientos penitenciarios y agilizar la expulsión de extranjeros irregulares” (SIC).
Es necesario que todos los peruanos consideren que es hora de luchar para resolver los problemas nacionales superando la virtual ineptitud de los políticos que estuvieron (hasta el 27/07/2026) en los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Uno de los problemas que han devenido en muy graves, es la inseguridad ciudadana causada por el incremento de delincuentes nacionales y extranjeros que actuan solos y/u organizados en bandas delincuenciales.
Es conocido, por informaciones periodísticas escritas, radiales y televisivas que diariamente, sin cesar, que la Policía Nacional (exponiendo la vida y seguridad de sus miembros) detiene a delincuentes los que con los atestados correspondientes son puestos a disposición del competente Fiscal para que formule la denuncia pertinente al Juez penal para que los procese judicialmente. Los autores de delitos son detenidos y sentenciados. Son recluidos en centros carcelarios.
Aquí hay un grave problema. Los centros penitenciarios estan sobre saturados de investigados y sentenciados (hay hacinamiento estructural). Es una de las crisis más severas de los sistemas de justicia, reflejada críticamente que se intensifica diariamente por un exceso de población penitenciaria que supera el 140% de la capacidad real en todas las cárceles del país. Esto, señalando cifras debidamente acreditadas las hemos expuesto en anteriores emisiones de nuestra opinión.
Existen 69 penales a nivel nacional. Su capacidad oficial está diseñada para cerca de 41.764 personas. Se ha generado grave nivel de sobrepoblación y hacinamiento que superan el 100% en la mayoría de centros. A marzo de 2026, la población penitenciaria total en el Perú ha sido de 105.156 reclusos.
No obstante, esa sobresaturación, las autoridades “competentes” (al 27/07/2026) no han tenido el interés y/o capacidad de completar las edificaciones de los penales de Chincha, el Mega penal de Ica, Cajamarca, Pucallpa y de Arequipa ni han proyectado, solicitado y exigido que en el Presupuesto Anual de la República se incluyan fondos para concluir dichos penales y la edificación por lo menos seis nuevos totalmente seguros y aislados (sin la posibilidad que los reclusos tengan conexiones telefónicas o con internet) sólo en las alturas andinas para encarcelar completamente a los miembros de las pandillas y delincuentes peligros y/o reincidentes así como a funcionarios corruptos.
Establecer por normas constitucionales y/o legales que obligatoriamente las cárceles tengan centros productivos (fábricas) de bienes para los mercados nacionales e internacionales, donde los trabajadores solamente deben ser detenidos y/o sentenciados; con sus remuneraciones sufragarán su mantenimiento. Dichas fábricas deben alquilarse a personas de la actividad privada. También establecer legalmente que obligatoriamente los investigados y/o sentenciados recluidos en cárceles deben trabajar para sufragar su alimentación y salud y el trabajo deben realizarlos en esas fábricas. Prohibir constitucional y legalmente que el Estado sufrague la alimentación y salud de los encarcelados.
Constantemente la seguridad de las personas está seriamente afectada por olas delincuenciales que actúan individualmente u organizadas en bandas nacionales y/o internacionales. Cada día no solamente hurtan y roban, extorsionan, etc., sino que asesinan en vías públicas, establecimientos, centros laborales, vehículos, hasta en viviendas; usan armas blancas y/o de fuego, hasta explosivos. Los agraviados son hombres, mujeres, ancianos y niños.
Los actuales centros carcelarios no ofrecen efectiva seguridad y los detenidos y/o sentenciados son sostenidos (mantenidos) gratuitamente con fondos del erario nacional (que proviene de los impuestos que todos pagamos); vale decir que los agraviados de delincuentes están sosteniéndolos. Por ende, una cuestión importante es que los autores de delitos detenidos y/o sentenciados deben sufragar su diario mantenimiento alimentario y de salud. Este es otro problema.
Debe garantizarse que cada cárcel tenga equipos y/o servicios que impidan las comunicaciones de los presos por vía telefónica (celulares) y/o internet.
Entender: si el Estado no aprueba presupuestos para esas edificaciones, implícitamente se estará protegiendo a la delincuencia. ¡Solo las palabras, discursos y promesas de políticos no garantizan la seguridad de los peruanos!
¡Es hora de luchar para extinguir la delincuencia y la criminalidad! ¡Que en el Congreso apruebe conceder las facultades solicitadas por la actual Presidenta de la República!
4 Julio, 2019
5 Septiembre, 2025
