La seguridad también se gobierna

En el Perú hemos convertido la inseguridad ciudadana en una discusión permanente sobre herramientas. Más facultades, nuevas leyes, estados de emergencia, participación de las Fuerzas Armadas, mayores capacidades de inteligencia. Cada crisis parece conducirnos a la misma conclusión: al Estado le falta algo para poder actuar. Sin embargo, hay una pregunta que casi siempre queda relegada: ¿qué ocurre cuando las herramientas existen, pero los resultados siguen sin estar a la altura?

El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo volvieron a colocar esa pregunta en el centro del debate. La Policía reaccionó con operativos y detenciones, y las investigaciones continúan con nuevas diligencias para determinar responsabilidades. El problema, sin embargo, trasciende un caso concreto. Cuando un crimen de semejante magnitud obliga a movilizar al alto mando policial, al Ministerio del Interior y al propio Ejecutivo, también pone a prueba la capacidad de conducción del Estado.

La responsabilidad no puede agotarse en el policía que ejecuta una intervención ni en el investigador que arma un expediente. En cualquier institución jerarquizada, el mando existe precisamente para dirigir, supervisar y responder. Por eso el comandante general de la Policía no puede ser únicamente la figura que comunica capturas cuando las operaciones salen bien. También debe asumir el costo institucional cuando aparecen contradicciones, fallas de coordinación o dudas que afectan la credibilidad de una investigación.

Lo mismo ocurre con el poder político. El Gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado al Congreso facultades legislativas para enfrentar, entre otras materias, la inseguridad ciudadana y fortalecer herramientas de inteligencia. Pedir mayores atribuciones puede ser legítimo frente a una amenaza que ha desbordado la tranquilidad de millones de peruanos. Pero más poder necesariamente implica más responsabilidad. Si el Ejecutivo obtiene nuevas herramientas, el estándar para evaluar sus resultados también debe elevarse.

No debería existir, además, una separación artificial entre la responsabilidad política y la operativa. La estrategia se diseña arriba y sus consecuencias terminan sintiéndose en la calle.

Durante demasiado tiempo hemos medido la reacción del Estado por el número de operativos anunciados, detenidos presentados, normas aprobadas o territorios declarados en emergencia. La seguridad, sin embargo, no se recupera acumulando anuncios. Se recupera con inteligencia, investigación criminal, coordinación entre instituciones y resultados que puedan sostenerse ante fiscales y jueces.

Ese es el verdadero desafío para la presidenta y para el mando policial. No demostrar quién habla con mayor dureza frente al crimen, sino quién logra que el Estado actúe con precisión.

La delincuencia organizada aprovecha cada debilidad institucional: una filtración, una investigación deficiente, una frontera mal vigilada o una disputa entre autoridades. Combatirla exige fuerza, pero sobre todo conducción.

En los próximos meses sabremos si las nuevas facultades producen una política de seguridad distinta o simplemente más instrumentos para repetir las mismas respuestas. Y allí deberá aplicarse una regla sencilla: quien pide poder para resolver un problema también acepta ser evaluado por lo que hace con él.

Porque gobernar la seguridad no consiste solamente en perseguir delincuentes. Consiste también en responder por los resultados.