Sumida en su mayor crisis política desde su devolución a China en 1997, en Hong Kong no solo se manifiestan en masa los contrarios a la ya suspendida ley de extradición, sino también quienes apoyan al Gobierno local y al autoritario régimen de Pekín. Desafiando a la lluvia intermitente que trae cada tarde el monzón, decenas de miles de personas se han concentrado este sábado en el parque de Tamar, frente a la sede del Gobierno y del Parlamento, para mostrar su apoyo a la Policía y rechazar la violencia que han traído durante el último mes las protestas contra la controvertida ley. A tenor de los organizadores, la Federación de la Isla de Hong Kong, asistieron 316.000 personas, mientras que la Policía contabilizó 103.000.
Con el lema «Proteger Hong Kong», los manifestantes se han congregado frente al mar, donde había montado un escenario en el que 70 figuras de la vida pública han lanzado sus mensajes a favor de las autoridades y contra los enfrentamientos de las últimas semanas. Entre ellos había desde actores de televisión hasta expatriados y miembros de las minorías étnicas, sobre todo indios y nepalíes, que forman parte de esta sociedad multicultural.
«Hong Kong no puede seguir permitiéndose la violencia», decía para justificar su presencia una mujer de mediana edad, Chow Boling, que trabaja en una naviera y acudía con su hija. Ambas llevaban desplegadas las páginas del periódico gubernamental «Wen Wei Po» con el eslogan de la marcha y un dibujo de esta ciudad plagada de rascacielos expulsando de un puntapié a los «alborotadores», caracterizados con los cascos, gafas y camisetas negras que visten los jóvenes en las protestas contra la ley de extradición. Precisamente, retirar la acusación de «alborotadores» es una de las demandas de los grupos pro-democráticos porque conlleva penas de hasta diez años de cárcel, pero los disturbios de las últimas semanas no hacen más que agravar su situación.
Luciendo también algunas banderas de China y de Hong Kong, algunos de los asistentes eran emigrantes procedentes del continente que trabajan en la ciudad. Es el caso de Scott, empleado de una firma que cotiza en la Bolsa y lleva seis de sus 50 años en Hong Kong. Nacido en Changchun, capital de la provincia china de Jilin, apoya la ley de extradición porque «de lo contrario, Hong Kong se convertiría en un refugio de criminales». Pero reconoce que «el Gobierno local no ha sabido explicarla bien a la gente». A su juicio, en la antigua colonia británica no hay una división entre la comunidad local que habla cantonés y los inmigrantes del interior de China que, como él, usan el mandarín, «sino un problema social con la juventud por la falta de empleo y los salarios bajos, que les impiden comprar una vivienda porque los precios son carísimos». A pesar de estas dificultades, comunes a las que sufren las desarrolladas sociedades occidentales que han tocado techo en un mundo cada vez más competitivo por la globalización, Scott confía en que «el Gobierno sabrá manejar la situación y acabar con la violencia».
(Fuente www.abc.es)