Para desarrollar nuevas políticas y programas desde un enfoque de derechos humanos, de carácter universal, solidario, eficiente y democrático es importante tener en cuenta las tres grandes redistribuciones subyacentes a cualquier política social: del poder, del tiempo y de los recursos, con la única finalidad que es la igualdad de los derechos y la democratización de la vida familiar. Donde el género, las aptitudes o la dependencia económica o física no sigan siendo una excusa justificada para establecer patrones, roles y responsabilidades, sino más bien que sea considerada como una desigualdad y discriminación hacia la mujer por su condición.
Es así que, la necesidad de crear políticas selectivas y de acción positiva orientadas a los integrantes de la familia se deberá considerar su aptitudes, madurez y edades de cada integrantes, porque estas políticas y programas destinan las actividades o responsabilidades para cada integrante: mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Asimismo, la protección legal a estos grupos vulnerables, garantiza un enfoque proteccionista al momento desde que la misma normativa legal, complementaria o programas contribuyan con la erradicación de la violencia intrafamiliar o doméstica de las cuales son víctima estas personas.
Hoy en día las mujeres, ocupan entre el 20 al 25% de las plazas entre el mercado laboral formal e informal, cuando años atrás estas horas laborales eran destinadas únicamente para el cuidado y deberes del hogar esto aún persiste en la sociedad. Donde las mujeres después de finalizar su jornada laboral, llegan a casa y siguen trabajando en el cuidado de los hijos, hijas, pareja, hogar, etc. Lo que evidencia que aún no existen políticas en atención al cuidado, la conciliación entre la familia y el trabajo.
Las nuevas formas en la que se conforman las familias, como es el caso del crecimiento de los hogares con jefas y su participación en el mercado laboral tal como se ha mencionado, se requiere por parte del Estado la implementación de políticas y programas que consideren articular adecuadamente familia y trabajo: Estado-Mercado-Familia-Comunidad. Lo que permitirá que el sector público y privado modifiquen sus infraestructuras, servicios o sistemas laborales para garantizar una solución a la demanda del cuidado de la sociedad, como es el caso de guarderías dentro de la empresa, o convenios con entidades educativas de inicial que permitan el cuidado de los niños y niñas, adultos mayores o personas con discapacidad, mientras la madre o el padre se encuentre trabajando.
Para hacer efectivas las nuevas políticas y programas, las entidades responsables para su elaboración con ayuda de entidades conocedores de la materia, tienen la necesidad de crear instrumentos de mediación, es decir que las experiencias sean interiorizadas para convertirse en estadísticas y así verificar el impacto de estos mecanismos en las familias y si estas cumplen con finalidad. La importancia de trabajar en base a evidencias permite conocer la realidad de la familia y las necesidades que requiere cada integrante para una mejor calidad de vida.
