Los cambios empiezan a darse, aunque todavía hay mucho por hacer, estamos dando pasos cortos pero firmes. Entre estos cambios el más significativo es la medida cautelar dictada por el Primer Juzgado Constitucional, la cual establece que dentro de un plazo de treinta días el Ministerio de Salud - MINSA, tiene la obligación de redistribuir de manera gratuita el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) o píldora del día siguiente en los centros de salud públicos del país. El cual no sólo beneficia a las mujeres de escasos recursos o a quienes son víctimas de violencia sexual, sino a toda la sociedad.
Recordemos que en el año 2009, el Tribunal Constitucional mediante su sentencia Exp. No. 02005-2009, prohibió la distribución del AOE de manera gratuita más no se prohibió su venta en las farmacias, constituyéndose un evidente acto discriminatorio al hacer distinción que solo las personas que tengas los recursos para comprarlos, pondrán adquirir este fármaco, por más que se encuentren en la misma situación de necesidad tanto ellas como las mujeres de bajos recursos al momento de su adquisición. Una píldora que no hace distinción por condiciones económicas, culturales o religiosas, ya que su única finalidad es prevenir el embarazo no deseado en caso de haber mantenido relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos o en caso de un accidente con el método anticonceptivo. De ello deviene el nombre de pastilla de emergencia.
De esta manera, la mujer ejerce su derecho a la salud al decidir y acceder de manera libre al método que ella considere el más adecuado e idóneo que garantice su derecho sexual, reproductivo y sobre todo el derecho a decidir cuándo y cuantos hijos tener, conforme a su proyecto de vida ya planteado por una misma, el cual no debe ser vulnerado por el Estado.
Antes que nada es importante que el MINSA en el plazo establecido por el juzgado, empiece a trabajar políticas y programas que permitan educar a la población sobre el uso de este fármaco y cuáles son sus consecuencias en caso de que se abuse de su consumo. Es evidente, que la responsabilidad es un poco engorrosa, desde el planificar la distribución y cumplir con lo dictado en la medida cautelar que es la distribución gratuitamente para la adquisición del AOE a nivel nacional, sino también tiene que empezar a trabajar en la implementación de capacitaciones al personal de los centros de salud. Porque se va a requerir que estos se encuentren en la capacidad de absolver dudas o preguntas de quienes van adquirir este método, y fin de evitar cualquier responsabilidad que pueda recaer en el Estado.
Otra de las noticias también importantes que no podemos hacernos dejar de comentar, es el gran avance por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP es la creación del Registro Único Nacional de Víctimas de Violencia y Agresores. Si bien es cierto desde el 2013, ya existían un Registro Nacional solo de víctimas, es una gran iniciativa el adicionar la data de agresores a este registro único, el cual permitirá a las y los funcionarios trabajar en base a cifras actualizadas respecto a víctimas, tipos de violencia ejercida, edad, características del agresor y entorno donde está de manifiesta, etc. A fin de crear mecanismo que permitan erradicar y luchar contra este fenómeno social. Asimismo, dentro de esta iniciativa, se encuentra la capacitación al cuerpo policial sobre la violencia de género, el cómo trabajar y abordar este problema. El cual permitirá que la cultura de denuncia se acreciente por convicción en la víctima al sentirse protegida por parte del sistema que hoy en día deja mucho que desear.