Punto de Encuentro

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023

12 Diciembre, 2018

Wilberth Vilca

Por: Period. Wilberth Vilca Laura (*)

En sesión del CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) del 31 de octubre último, el Ministro del Interior Carlos Morán Soto, presentó el documento de trabajo del proyecto del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) 2019-2023, producto del trabajo de la comisión multisectorial, creada por R.S. Nro. 017-2018-IN en fecha 09 de marzo, con un plazo inicial de 90 días, que se amplió sucesivamente a 240 días, se informa que se realizaron 30 talleres de trabajo, los mismos que se realizaron centralistamente, pues no se convocó a talleres en el Macro-Sur u otras regiones. Mediante R.M. Nro. 1361-2018-IN de fecha 20 de noviembre último, se dispuso la pre-publicación de la propuesta de dicho Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 en el portal web del MININTER, por un plazo de 15 días calendarios, con el propósito de recibir opiniones, comentarios y sugerencias de la ciudadanía en general, que serán recibidas y sistematizadas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC). En tal sentido compartimos con Uds. una síntesis de dicha propuesta y algunas sugerencias para su mejora y gestión participativa.

La propuesta del Plan, consta de 124 folios, divididos en siete capítulos: El primer capítulo se refiere al diagnóstico de la seguridad ciudadana, destaca que del 2003 (40.4 %) al 2006 (48.4 %), la inseguridad era el primer problema nacional, y a partir del 2007 es desplazado por el problema de la corrupción que se considera el primer problema del país, en setiembre 2018, la inseguridad alcanza el 39.6 % y la corrupción  es reconocida por el 60.1 %, datos oficiales que corresponden al INEI-ENAHO. Referente a la victimización de la población de 15 años a más, en el 2003 fue del 35.9% y se redujo diez puntos al 2018, con el 26.2%, coherente con la meta del plan nacional anterior, en el promedio nacional, sin embargo el Cusco está por encima de la media, alcanzando el 35.9% a setiembre 2018; en cuanto a la percepción de la inseguridad, en el 2013 fue del orden de 87.6%, su punto más alto el 2016 con el 90% y en el 2018, se redujo al 85.7%, Cusco sigue por encima del promedio con el 89.5%, cifras que siguen altas y preocupa la sensación de inseguridad en la población. En cuanto al feminicidio a nivel nacional, descendió ligeramente, el 2013, se registraron 130 casos, y a setiembre 2018, se identificaron 103 casos; en cambio los casos de tentativa se incrementaron de 151 (2013) a 217 (set-2018).

El capítulo segundo, realiza una evaluación del PNSC 2013-2018, dicho plan se propuso 4 metas e indicadores, solo uno de ellos se habría cumplido, el referente a reducir el porcentaje de mujeres víctimas de violencia familiar, al 10%; mientras las otras metas se cumplieron parcialmente, la victimización personal solo se redujo al 26.2%, es decir 1.2% por encima de la meta (25%), mientras la prevalencia de consumo de drogas solo se midió hasta el 2014 (2.7%); así como el reingreso de internos a centros penitenciarios (25.8%). Se observa que estos indicadores son de carácter nacional, y no se diferencia territorialmente. En cuanto a la implementación del plan, se observa la falta de coordinación interinstitucional entre niveles y sectores de gobierno, insuficiente asignación presupuestal y débil monitoreo y evaluación.

El capítulo tercero, presenta el marco conceptual y estratégico del PNSC 2019-2023, dicho ha sido alineado a las políticas internacionales, como el objetivo 16 de la Agenda 2030 ODS-ONU, que “promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible…”; así como el índice para una vida mejor del OCDE y el índice de competitividad global, del Foro Económico Mundial; a nivel nacional con el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario y la política general del gobierno. Asimismo plantea cuatro enfoques transversales, el de salud pública y factores de riesgo, “la violencia es un problema de salud pública”; enfoque de focalización, de fenómenos y territorial descentralizado; enfoque de articulación interinstitucional y el enfoque de presupuesto, seguimiento y evaluación.

El capítulo cuarto,  plantea los objetivos estratégicos, indicadores y metas del plan. Destacan los seis objetivos planteados, el primero, reducir el crecimiento de la tasa de homicidios; el segundo, reducir la tasa de fallecidos de accidentes de tránsito, el tercero, reducir la violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad, el cuarto, reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos, el quinto, reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia personas naturales y jurídicas, el sexto, fortalecer la gestión descentralizada de la seguridad ciudadana.

El capítulo quinto, plantea territorios de intervención prioritaria, en base al estudio de indicadores estadísticos del año 2017, de diversas fuentes, como INEI-ENAPRES, SIDPOL, MIMP, CEIC, CNSV, ENDES, CENACOM; distingue dos niveles, territorio de alta prioridad y prioritarios, referente a fenómenos o problemática de la inseguridad. En cuanto a homicidios, destacan en alta prioridad, Lima, Callao y Madre de Dios; mientras Cusco se halla en el puesto 41 como prioritario. En accidentes de tránsito, destaca en tercer lugar, Cusco, provincia de Quispicanchis como alta prioridad. En violencia familiar, Cusco también en tercer lugar, como alta prioridad. En delitos patrimoniales en espacios públicos, Cusco, en cuarto lugar como alta prioridad. Y en delitos patrimoniales por acción de bandas criminales, Cusco, se encuentra el puesto 14, como prioritario.

El capítulo sexto, describe la estrategia de seguimiento y evaluación; en cuanto al seguimiento corresponderá al MININTER y su equipo técnico, en coordinación con los gobiernos sub-nacionales, será de carácter mensual con reportes trimestrales. Mientras la evaluación será permanente y se retroalimentara a partir del seguimiento del cumplimiento de los indicadores, y se generara reportes anuales de evaluación, así como una evaluación intermedia a los dos años y medio de ejecución del plan. Y por cierto una evaluación final, con asistencia técnica del CEPLAN.

El capítulo séptimo, plantea una matriz por cada uno de los seis objetivos del plan, con sus actividades desagregadas, metas y ejes de intervención, precisando responsables de su ejecución y monitoreo, siendo diferenciados por niveles de gobierno y sectores. Por ejemplo en el objetivo 4, “reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos”, enfatiza en el rol de la PNP y los gobiernos locales, en cuanto a “vecindario seguro”, “patrullaje preventivo”, “policía comunitario”, “patrullaje integrado”, “video-vigilancia”, “recuperación e iluminación de espacios públicos”, etc. Todas estas actividades se implementan conjuntamente por los gobiernos locales y la PNP, y el monitoreo corresponde al MININTER. Al final del plan se adjuntan anexos, como la normativa y actas que sustentan el plan nacional. Hasta aquí una apretada síntesis del nuevo plan nacional quinquenal de seguridad ciudadana al 2023.

Consideramos importante plantear algunas sugerencias ciudadanas como las siguientes: Si bien se evalúa el plan nacional anterior, se omite la importante base de datos de los planes regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, que consideramos no han sido sistematizados hasta la fecha, la planificación debe ser ascendente e integradora, más aún el OBNASEC, debería generar una base de datos abierta conforme a las vigentes políticas de “gobierno abierto”.  En cuanto a la gestión estratégica de la seguridad ciudadana, esta sigue siendo centralizada, muy a pesar de las intenciones del referido plan nacional, es momento que la DGSC y a su vez Secretaría Técnica del CONASEC, promueva sesiones descentralizadas y talleres de trabajo por lo menos una vez al mes, incidiendo en los territorios focalizados y vulnerables, las consultas públicas también deben alcanzar al nivel nacional. En cuanto a las políticas públicas ante la inseguridad, se debe ampliar los planes de incentivos del MEF para gobiernos locales, pues han sido excluidos los municipios C y D; en cuanto al FONIPREL, mejorar los recursos destinados a proyectos de seguridad ciudadana; e implementar concursos de buenas prácticas por la cultura de paz, no solo simbólicamente como el llamado premio al “promotor vecinal” que no tuvo acogida. Referente al fortalecimiento de capacidades, es hora de generar un programa integral, en alianza con universidades, la ENAP, Escuela Nacional de Administración Pública y la cooperación internacional, para capacitar intensivamente a los gerentes, secretarios técnicos y juntas vecinales a nivel nacional. En cuanto a la investigación de la inseguridad, es un aspecto de suma importancia, no podremos combatir la inseguridad sino la conocemos actualmente y en sus diversas modalidades, diferenciadas territorialmente, para ello financiar los estudios, con la academia, las ONGs, y la cooperación técnica, promover un concurso anual sería ideal. En cuanto a la participación ciudadana, las juntas vecinales, las rondas comunales y las juventudes, necesitan que se promueva su integración y fortalecimiento, brindándoles incentivos, logística y materiales para el cumplimiento de su labor de voluntariado social. También es de urgencia lograr el compromiso de los medios de comunicación y el sector privado para fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana y cultura de paz. El mejoramiento del plan nacional debe empezar por su difusión y socialización, esperamos haber contribuido desde este artículo, ninguna política es rígida o estática en el tiempo, monitoreemos y evaluemos este plan, la “seguridad ciudadana, es un compromiso de todos” como se afirmó desde la creación del SINASEC, Unidos todo lo Podemos.

(*) Email: ideasayni@gmail.com

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