Punto de Encuentro

Money changes everything

El tema del financiamiento de campañas electorales no es nuevo, sin embargo, de un tiempo a esta parte ocupa un espacio relevante en la discusión política ya que ha quedado plenamente demostrado que constituye la principal puerta de ingreso de personas que incursionan en la política para satisfacer apetitos personales. Como bien decía Carlos Gaviria Diaz, contendor en las elecciones presidenciales colombianas del año 2006 ganadas por Álvaro Uribe, “quien paga para llegar, llega para robar”.

Sin embargo, esta situación no puede darse sin un valioso aliado, el cual no es otro que el marco normativo, el cual en nuestro país peca tanto por deficiente como por permisivo, lo que a decir de Pablo Secchi nos conduce directamente ante los responsables: la clase política -léase congresistas-, sobre quienes recae la responsabilidad directa sobre la coyuntura descrita, acusándolos Secchi (con toda razón) o bien de irresponsables por legislar sin saber cómo se financia un partido o bien de cómplices al saber perfectamente cómo se financian.

Deficientes procesos de democracia interna, compra y venta de candidaturas, listas de donantes que luego se revelan como fantasmas y empresas aportantes que prefieren mantenerse en el anonimato, resumen en buena cuenta que el financiamiento privado es el principal y casi único sostén económico de las campañas electorales y que al hacerlo capturan al estado y con ello a la democracia. A ello súmele el hecho que este financiamiento puede provenir –además- de fuentes ilícitas como el narcotráfico o gobiernos extranjeros y la situación no mejorará.

Frente a ello, se ha propuesto en la legislación comparada una serie de mecanismos que intentan minimizar el impacto del financiamiento político, tales como la limitación de los gastos de campaña, la prohibición de donaciones que involucren intereses extranjeros, la prohibición de donaciones realizadas por empresas que tienen intereses en contratos gubernamentales, la prohibición de contribuciones de sindicatos, la prohibición de donaciones anónimas, la limitación de los aportes individuales, la creación de un registro único de aportantes, la bancarización obligatoria de todos los aportes, etc., pero sabemos que ninguna de ellas de manera individual o incluso todas en su conjunto, disuadirán a quienes se mantienen al margen de la legalidad, por tanto, solo serán un paliativo más no una medida –al menos eficaz- que transparente el financiamiento de las campañas electorales y coadyuve al fortalecimiento de la democracia.

Frente a ello, surge desde las antípodas el financiamiento público de las campañas electorales, medida que a priori se presenta como antipopular pero cuyas bondades aún no han sido lo suficientemente analizadas en nuestro medio y que por tanto no deben mantenerse al margen de la mesa de discusión.

Si asumiésemos que el único medio admitido legalmente para el financiamiento político fuese el originado en las arcas públicas, no solo tendríamos campañas más equitativas sino que la auditoría de gastos sería mucho más eficiente pudiendo el Estado actuar por ejemplo como un ente fideicomisario, además, combinando esta modalidad de financiamiento con otras medidas complementarias como la eliminación del voto preferencial, podrían generar mejores procesos de selección de candidatos y posiblemente tendríamos mejores autoridades elegidas por voto popular.

Es un hecho innegable que al igual que el nombre de la canción que da origen al título del presente artículo, el dinero en política lo cambia todo, por tanto, es pertinente tener presente a Secchi cuando refiere en una frase lo que queremos señalar: “El sistema democrático debe manejar el dinero y no el dinero al sistema democrático”.

Dicho esto, ¿Se admitirá la posibilidad de incluir en el debate el financiamiento público de las campañas electorales? Dejo abierto el debate.