Es alarmante como crece la violencia contra la mujer en nuestro país, con un grado de pasmosa tolerancia e indiferencia. Se han dado diversas medidas para combatir la violencia que sufren niñas y mujeres, desde penas más severas a los agresores, el desarrollo de programas nacionales bajo la dependencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta la elaboración de protocolos guía para los operadores del derecho en los procesos de violencia familiar, y sin embargo nada parece funcionar. Qué está pasando?
En primer lugar, es necesario advertir que esta problemática no solo debe abordarse con un enfoque jurídico, sino también requiere de una visión social, cultural y económica. La violencia no es un problema que encontrará una solución eficaz solo a través de la creación de normas, sino de su efectiva y oportuna aplicación en los procesos ya establecidos para su erradicación. Los retos a superar, se plantean justamente a partir de una carencia de enfoque de género procedimental, que condiciona además el diseño de una política intersectorial que permita prevenir e identificar oportunamente los posibles escenarios de violencia.
Esta carencia de enfoque de género tiene su explicación en nuestra socialización arraigada en criterios de desigualdad en razón al sexo así como en la imposición de patrones morales de conducta basados en la subordinación y dominación que conlleva a la estigmatización de la mujer. Por esto, es que el principal tratado de la región en la materia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belem do Pará, incide en la obligación de los Estados de incluir reformas en los procesos educativos que lleven a eliminar patrones socio culturales basados en las premisas de superioridad e inferioridad de los géneros.
Además, no se puede pretender solucionar este problema social sino se abordan los factores causales que corresponden al desarrollo integral del individuo (agresor - victima) y a su entorno socio-familiar. Las políticas públicas sociales suelen dejar de lado la dimensión psicológica, emocional y entorno socio económico tanto de victimas como de agresores. Si bien es cierto, existe estadística como la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar realizada el año pasado, aun carecemos de una política intersectorial que la aplique y desarrolle a través de un Plan Nacional de Salud Mental y un Plan Nacional Educativo, participativo y descentralizado para profesores, educandos y familias que tome en cuenta las características de su entorno con enfoque intercultural.
Por último, no hay que olvidar la perspectiva económica del problema. De acuerdo al INEI, la presencia laboral femenina se incrementó en 6 millones 896 mil en el 2014, sin embargo solo un 22% tiene un empleo formal. Las barreras económicas también contribuyen a la invisibilización, al igual que las brechas existentes en razón al tiempo que a una mujer le demanda la maternidad y labores domésticas. Este es un aspecto importante, pues el clima laboral debe constituirse como un soporte a las mujeres víctimas de violencia, mediante capacitaciones de emprendimiento laboral y asistencia psicológica, a fin de incrementar y mejorar su productividad, incentivando su autonomía e independencia.
Por último, la principal gesta de erradicación de la violencia comienza en casa. La familia es el núcleo básico de formación del individuo. Prediquemos con el ejemplo, promovamos la convivencia respetuosa y tolerante entre nuestros hijos. Identifiquemos conductas de riesgo, y actuemos inmediatamente.
La oportunidad de proteger a una mujer de la violencia está en nuestras manos.
