El libro “Economía para un planeta abarrotado” del economista Jeffrey Sachs, revela que el compromiso para la protección del medio ambiente y la diversidad biológica, es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, con menor atención por parte de los Estados, a pesar de su relación intrínseca con la erradicación de la pobreza, lo cual evidencia impactos negativos en la preservación de los recursos naturales, como la contaminación del agua, recurso indispensable para el proceso productivo minero.
En el Perú, la legislación vigente promueve la adaptación de la minería peruana al desarrollo sostenible, exigiendo el uso de tecnologías limpias modernas así como la implementación de mecanismos de gestión ambiental y de responsabilidad social, como son, entre otros, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), los mismos que requieren de la aprobación de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM
De otro lado, existe una gama de garantías para los inversionistas bajo el marco de la celebración de los Tratados de Libre Comercio que le otorgan seguridad jurídica, pero que de ninguna manera pueden ser utilizadas por sus beneficiarios para desconocer los compromisos medioambientales y sociales contraídos para con el Estado Peruano en base al libre ejercicio de su actividad económica,
Es así, que tanto el Estado Peruano como los inversionistas adquieren compromisos en razón a las concesiones mineras otorgadas, el primero, monitoreando, fiscalizando y otorgando garantías a la inversión, y el segundo, cumpliendo con los Límites Máximos Permisibles (LMP) y demás obligaciones de implementación y adecuación a la normativa ambiental existente.
Sin embargo, el incumplimiento de estos compromisos por ambas partes, ha degenerado en conflictos sociales, donde voces extremistas enarbolan la bandera de la defensa de los derechos humanos satanizando a la minería como la principal actividad contaminante, sin dar posibilidad al diálogo, situación agudizada por la incapacidad del gobierno de exigir a las empresas mineras el cumplimiento oportuno de los estándares ambientales, lo cual hace que prioricen sus costos privados de producción como costos de oportunidad frente a los generados por la degradación ambiental..
Si bien se han presentado diversas alternativas de solución, estas carecen de una proyección del coste económico a largo plazo, como es el caso del sistema de multas y sanciones aplicadas al sector minero basada en criterios administrativos para su establecimiento y no en el cálculo económico del potencial daño ambiental que puede ocasionar.
Pero no se trata solo de sancionar, sino de crear incentivos fiscales y que estos se mantengan en razón a la eficiencia ambiental de las empresas mineras, sin olvidar sus compromisos adquiridos con la preservación del entorno así como con la compensación de los daños ambientales que pudieran producirse a las comunidades afectadas con la contaminación generada. Las mesas de diálogo deben dejar de ser mesas de negociación de intereses económicos, y establecer propuestas concretas de solución que conlleve a acuerdos que comprometan, al Estado, las empresas y la comunidad.
En pleno siglo XXI, deben desterrarse los afanes radicales de censura a la actividad minera, pues no guarda correspondencia con la realización efectiva de nuestro derecho al desarrollo humano. Si el Perú es el primer productor de plata y el segundo de cobre, no hay lógica que sustente cerrarle el paso a la minería, siendo potencial cauce de crecimiento económico. Definitivamente, la minería sostenible debe ser uno de los principales temas en las agendas presidenciales del 2016.
