Asisto a diversos eventos académicos y observo como algunos “constitucionalistas” por medio de fabulosos pronunciamientos defienden los principios que inspiran al Estado Constitucional de Derecho, y denuncian ciertos actos del gobierno que para ellos resultan plenamente “inconstitucionales”. Ese repudio también se manifiesta en los artículos que publican en diarios, libros y revistas especializadas en Derecho Constitucional.
Por ello se dice que el constitucionalista es un profesional que tiene –al menos en teoría– un gran compromiso con el ser humano, la sociedad y el Estado, dado que uno de sus objetos de estudio es la Constitución Política, norma suprema en el cual se plasman los principios que inspiran y rigen la vida y salud de nuestro Estado Constitucional de Derecho.
Así es que el constitucionalista es comúnmente convocado por los gobiernos de turno para ocupar altos cargos en la administración pública, por esa razón, no nos sorprende que algunos de ellos lleguen a ser Ministros de Estado, Presidentes del Consejo de Ministros, Asesores del Presidente de la República, Embajadores, Defensores del Pueblo, Procuradores Públicos, entre otros importantes oficios.
El trabajo es un derecho fundamental amparado en la Constitución Política, por lo que trabajar para el gobierno resulta totalmente legítimo, claro, mientras el constitucionalista –hoy funcionario público– ejerza el cargo en estricta coherencia con los principios que antes profesó.
El problema surge cuando el ahora burócrata del Estado renuncia descaradamente a todos los principios que enaltecía, para defender a través de tinterilladas y falacias jurídicas lo que ayer denunció como un acto “inconstitucional” del gobierno.
En ese momento, la metamorfosis habrá hecho de aquel constitucionalista un insecto para el Derecho Constitucional.