Hace unos días, una candidata al Congreso recibió insultos en las redes sociales de un “envalentonado cobarde” con alusiones sexuales agresivas. Cuestionó su maternidad, acusándola de querer enriquecerse, sólo por no estar de acuerdo con la propuesta política de la candidata. Tres años atrás, una ex funcionaria Municipal sufrió agravios referidos a su orientación sexual y a su aspecto físico, pero ella sí contesto el agravio, lo cual la hizo merecedora de más insultos por parte de sus adversarios. Dos casos de mujeres políticas expuestas a los verdugos de su apariencia física, orientación sexual y opinión, piratas electorales que muestran sin estupor su pobreza intelectual y emocional.
La incursión de la mujer en la política es de reciente data. En 1956, mediante Ley 12391, se otorga el derecho a votar a las mujeres mayores de 21 años, a las casadas mayores de 18 y que además supieran leer y escribir. Su participación fue masiva en las Elecciones Generales resultando ser el 34% del electorado hábil para votar. Así, fueron elegidas una senadora y 8 diputadas. Tuvieron que luchar contra una marcada oposición al ejercicio de sus derechos políticos, sustentada en el descuido de sus “deberes naturales conyugales y familiares”.
Después de casi 60 años, la política aún es un escenario agreste para la participación de la mujer, a pesar de los avances legislativos de la cuota de género. No se trata solamente de una mayor representación femenina en los cargos ediles y/o congresales, sino también de establecer un compromiso por parte de los partidos políticos para permitir su alternancia en base a su capacidad y preparación, razón por lo cual, debe garantizarse que todo acto de presión, coacción o de violencia ejercida en el ámbito político, será debidamente sancionada.
Resulta anecdótico que Bolivia, uno de los países con mayor incidencia de machismo, ya cuenta con una “Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”, mientras nuestro Congreso, aún no aprueba el proyecto de ley que define y sanciona el acoso político, ingresado en marzo del año pasado. Nuestro proyecto de ley, requiere una urgente modificación: incorporar al ámbito de su protección a los candidatos y candidatas así como la diferenciación entre acoso político (actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas) y violencia política (agresiones físicas, psicológicas y sexuales). Su vigencia hubiera sido importante en el contexto de este proceso electoral.
Al momento de terminar estas líneas, leo en Twitter que una candidata está siendo agredida verbalmente en un mercado donde ha ido a presentar sus propuestas. Le hacen ademanes sexuales grotescos, faltan a su honor maldiciendo su procedencia partidaria. Ella, sabe que no habrá sanción efectiva para este sujeto. Ella calla, no responde como ese patán se merece, porque está en política, todos la observan. Sus seguidores le dicen “la política es así” y le aconsejan, “debes ignorar, deja que se canse, tú eres una “dama” y debes ser “políticamente correcta”.
30 Octubre, 2019
10 Marzo, 2018
