Una mirada al autoritarismo burocrático de los años 90´

Los resultados electorales obtenidos durante las Elecciones Generales de 1990, a nivel parlamentario, obligaron al entonces Presidente de la República recién electo, Alberto Fujimori Fujimori, a buscar aliados en la elite política, militar y económica de nuestro país. Cabe recordar, que en ese entonces Fujimori gana en parte por el apoyo del saliente gobierno aprista, el cual había equilibrado en algo esa enorme asimetría de recursos existente frente a su rival, el escritor Mario Vargas Llosa, durante la campaña electoral.

Debemos mencionar, que la coyuntura política durante el ascenso de Fujimori al poder estaba marcada por el enfrentamiento entre los sectores liberales liderados por Vargas Llosa y los sectores de izquierda, que junto al Partido Aprista Peruano, compartían proyectos ideológicos, políticos y programáticos que marcaban distancia frente a los primeros. No olvidemos, que los liberales en aquel momento propugnaban por una reestructuración económica radical luego de la crisis financiera que el país atravesaba hacía finales de los 80´.

Al iniciarse el gobierno de Fujimori se concitó una gran atención en todos los estratos socioeconómicos respecto a la forma en que él iba a enfrentar la crisis económica y el problema del terrorismo, que en ese momento estaba en su mayor pico de agresividad y avance.

Se requería de la implementación de drásticas reformas estructurales en el Estado con miras a enfrentar estos dos grandes problemas principalmente. Nos referimos a la implementación de un modelo económico neoliberal y al combate del terrorismo bajo un esquema multidimensional sostenido por un sistema de inteligencia moderno, bien capacitado y con recursos necesarios para poner coto a esta terrible amenaza no convencional. 

Tales reformas estructurales en democracia requieren pues de un enorme nivel de consenso por parte de las élites políticas de un país. Lamentablemente en el Perú siempre se ha evidenciado una debilidad de carácter funcional en sus elites políticas; nuestro país actualmente no ha tenido una elite política consolidada y con capacidad de poder generar una corriente de opinión socialmente aceptada y sobretodo legitimada. En parte, aquella violencia social que se vivía a inicios de los años 90´ se ocasionó por esa falta de consensos políticos a favor de una gobernabilidad y, por ende, atención de las demandas sociales a lo largo de la década de los 80´.

Es en este contexto político que Alberto Fujimori decide dar el famoso autogolpe de Estado del 05 de abril de 1992, e instaura un sistema de gobierno clasificado como autoritario burocrático, muy parecido al gobierno de Augusto Pinochet en Chile y que según David Collier en su obra “El nuevo autoritarismo” significaba la alianza militar- tecnócrata con la finalidad de favorecer a un determinado sector social.

No obstante, para que esta alianza autoritaria cuaje, Fujimori necesitaba de una organización de apoyo fiable como lo llego a ser el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), que estuvo a cargo de un personaje oscuro de la historia nacional, el tristemente célebre Vladimiro Montesinos Torres, en quien Fujimori encontró un amigo y una suerte de mentor político-militar; además de un facilitador para la creación de una organización delictiva bajo una apariencia institucional en el fondo inexistente.

Asimismo, dicha alianza autoritaria necesitaba también de una línea de acción claramente orientada a destruir nuestra precaria institucionalidad democrática con la finalidad de no tener una oposición importante con la cual lidiar.

Así pues, se produce progresivamente un ataque sistemático y constante a los partidos políticos, gremios profesionales y medios de comunicación independientes, siempre al amparo de un importante nivel de legitimidad, que fungía a veces como una suerte de licencia social, por cuanto gracias a la colusión de algunos medios de comunicación con el gobierno y una bien planteada estrategia mediática, la población era receptiva frente a las campañas de satanización de la cual eran objeto estas instituciones o personajes articuladores de la sociedad civil.

Otra medida más que se implementó, pero ahora a nivel de rediseño institucional estatal con “normas a la medida” a través de la nueva Constitución Política de 1993, sus leyes orgánicas y ordinarias de desarrollo constitucional. Por ejemplo, se fortalece la imagen del Poder Ejecutivo frente a las Fuerzas Armadas, al quitársele al Parlamento su intervención en el ascenso de sus oficiales y otorgándole al Ejecutivo la exclusividad en el manejo de este proceso; el debilitamiento del Poder Legislativo con un parlamento unicameral sin cámara revisoría (Senado) y serios problemas de sub-representación por el escaso número de parlamentarios para una cada vez más creciente población electoral; la división del Poder Electoral en tres organismos constitucionalmente autónomos como lo son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otras reformas más que coadyuvaron al fortalecimiento de un régimen autoritario como el de Fujimori.  

Los efectos de tales cambios a la larga pueden ser discutibles si se trata de valorar si fueron positivos o no para salir de la crisis económica y disminuir a una mínima expresión al terrorismo; empero, queda claro algo, nuestra sociedad ya sabe cuál es el camino para el autoritarismo y sobretodo sabe lo fácil que es el seguirlo. A pesar de ello, nuestras elites políticas aún no superan su debilidad de carácter funcional y eso definitivamente, aún sigue siendo el mayor problema para la gobernabilidad de nuestro país y sobretodo la fe en una institucionalidad aclamada a gritos por todos los peruanos ad portas de nuestro bicentenario.

Es duro decirlo, pero aún nuestra democracia se encuentra en una etapa de consolidación y nuestras elites políticas poco están ayudando a ese proceso por su endémica debilidad funcional. Hoy en día ese Fujimorismo otrora distante de los partidos políticos se ha convertido en uno más de éstos, con nada menos que 73 congresistas listos para legislar dentro de un escenario perfecto de balance y control o, a decir de los angloparlantes, en casi inédito un check and balance entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

Todos los partidos y organizaciones políticas deben asumir el reto de alejarnos del autoritarismo y no procurar el seguir con un descredito permanente, continuo e inalterable de la política nacional frente al elector o mejor dicho ciudadano de a pie que poco o nada cree en sus instituciones de gobierno.

Lo pasado en los 90´ debe quedar en el recuerdo, pero no como un recuerdo cargado de odio y resentimiento sino, valga la redundancia, como un recuerdo aleccionador respecto a cómo una sociedad se puede tornar receptiva e incluso conformista frente al autoritarismo ante la falta de respuesta e inoperancia de sus elites políticas para representar sus intereses y atender sus demandas sociales.  

Ojalá esto cambié pronto gracias al accionar de todos y cada uno de nosotros desde nuestras respectivas trincheras. Demos una mirada al pasado, a los años 90´ y obliguemos a que esa debilidad funcional de nuestras elites políticas sea superada pronto sino por voluntad propia de estas mismas, por presión social o por la mirada vigilante de una sociedad exigente de un nivel de gobernabilidad idóneo que permita un ambiente adecuado para su desarrollo.