Accomarca: la masacre del carnicero de los andes

El 01SET2016, luego de 31 años, el Poder Judicial, a través de la Sala Penal Nacional, ha condenado a los militares responsables de la masacre de Accomarca, uno de los crímenes más abominables contra los derechos humanos cometidos por los militares del Ejército Peruano (EP) durante los años de la violencia política en nuestro país.

Al respecto, es importante señalar que de todos los condenados, únicamente Telmo Hurtado (23 años), apodado “el carnicero de los andes”, se encuentra detenido, razón por la cual se le descontarán los años de reclusión y saldrá libre recién en 2026. No obstante lo antes señalado, el Colegiado determinó que el general Wilfredo Mori (25 años), Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho en 1985, fue quien le dio la orden verbal al mayor Telmo Hurtado para asesinar a más de 60 campesinos.

Además, en la sentencia se afirma que la masacre de Accomarca constituye un crimen masivo perpetrado con crueldad y desprecio contra civiles, que califica como una grave violación contra los derechos humanos. En otras palabras, se trató de una matanza colectiva llevada a cabo con absoluto desprecio por la vida y la dignidad de los campesinos. Cabe recordar que entre las víctimas se encontraban 23 niños menores de 10 años. Un dato que evidencia la conducta homicida con la que actuaron algunos miembros del EP durante la lucha contra el terrorismo. Es decir, al terrorismo de Sendero Luminoso, el EP, en algunos casos, respondió con “terrorismo de Estado”.

Como se recuerda, el 14 de agosto de 1985 la violencia se desató en la comunidad de Accomarca, ubicada en la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. Allí, la sangre de humildes campesinos tiñó de rojo su suelo luego de que sus cuerpos recibieran los impactos de bala y las granadas lanzadas por los agentes del EP.

Tal como se acredita en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR) esta masacre se inició cuando cuatro patrullas ingresaron a Accomarca siguiendo el Plan de Operaciones Huancayoc, aprobado por el general Wilfredo Mori, con el objetivo de capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en esa zona. Tal parece que el verbo destruir fue entendido por sus “efectivos” (asesinos, disfrazados de militares, en mi opinión) como una autorización para acabar con la vida de los comuneros, asesinando a 27 mujeres, a las que primero ultrajaron antes de matarlas a tiros.

Sobre la masacre, en declaraciones dadas a conocer meses después de la tragedia, Sinesio Jarama, general del EP, afirmó lo siguiente ante el Senado: “La población sirve a Sendero para sustentarla, para curar sus heridas, para darle protección y encubrirla, para renovar sus cuadros, la contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población y como lo señala el Operativo Huancayoc, eliminar zonas rojas”.

En esa misma línea, el propio Telmo Hurtado, también ante el Senado señaló: “Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tiene que vivir. A nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplirlas para darle un mejor gobierno. Uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño, los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas, poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”.

Ahora bien, a la luz de ambas declaraciones, y luego de conocer los testimonios vertidos por algunos de los sobrevivientes de esta masacre, hoy podemos afirmar que este tipo de acciones militares no constituían -como algunos señalan- actos aislados, fortuitos, o simples excesos en el uso de la fuerza. Hoy sabemos que en muchas zonas del país, los efectivos del EP desataron una violencia extrema contra los campesinos. Es más, el IFCVR prueba contundentemente que se trató de una práctica de violación de los derechos humanos sistemática y generalizada.

Así por ejemplo, el IFCVR probó que fueron las patrullas de Telmo Hurtado y la de Juan Rivera Rondón, las que bajaron a la localidad de Llocllapampa, a tres kilómetros de Accomarca, con el objetivo de arrasar a los campesinos. En ese lugar reunieron a la población civil, la agruparon en tres viviendas, a los hombres los encerraron en la casa de Cipriano Gamboa, a las mujeres en la casa de César Gamboa, y a los niños los llevaron a la casa de Rufina de La Cruz. Luego los militares trasladaron a las mujeres a una acequia, lugar en donde las violaron, según lo afirmaron los testigos, quienes alcanzaron a escuchar el grito de sus mujeres.

Asimismo, el 08 de setiembre, también fueron asesinados Brígida Pérez Chávez y su hijo Alejandro Baldeón, testigos de la matanza. Al día siguiente, efectivos del EP del cuartel de Vilcashuamán detuvieron a Martín Baldeón Ayala, de 66 años de edad. Diariamente, su esposa Paulina Pulido Palacios acudía al cuartel para visitarlo y llevarle algunos víveres. Pero el 16 de setiembre fue detenida. Nunca más se supo el paradero de ambos. Y todo ello, con el respaldo tácito y/o silencio cómplice de los altos mandos militares que en todo momento entorpecieron el esclarecimiento de los hechos.

Pero, al cabo de 31 años de este espantoso crimen, cabría preguntarse ¿Por qué el EP decidió intervenir en la comunidad de Accomarca? Al parecer, los militares acusaron a los pobladores de terroristas (nunca se encontró prueba alguna que acredite esta imputación), ya que habían recibido referencias de que en LLocllapampa operaban dos escuelas populares o centros de adoctrinamiento (nunca se encontró material que comprobara esta hipótesis) y un centro de abastecimiento senderista, con municiones, alimentos y frazadas (no se hizo ninguna incautación).

En otras palabras, para algunos militares de esa época, el sólo hecho de que algunos campesinos fueran “sindicados” (sin prueba alguna, como en este caso), como terroristas, era razón suficiente para que una patrulla irrumpa en sus comunidades, asesinando hombres, violando mujeres o dinamitando niños. Para luego, y con el apoyo de sus jefes, salir a los medios a decir que eso era parte del costo de la guerra contra la subversión. Como si el Estado pudiese impunemente convertirse en una máquina de terror y muerte.

Finalmente, a la luz de los hechos, hoy debemos subrayar la importancia que tiene esta sentencia para la justicia peruana. Pues un fallo como este confirma la voluntad del Estado por investigar, procesar y sancionar, a quienes violaron los derechos humanos, sin importar si son agentes del propio Estado, tal y como lo exigen las obligaciones asumidas por el Perú en el ámbito nacional e internacional.