Por Miguel Alejandro Estela La Puente
Los ciudadanos peruanos hemos conseguido alcanzar crecimiento económico, pero sin aproximarnos a la consideración de país desarrollado, esto ha ocurrido así porque el Estado ha tenido una presencia mínima o, para ser más precisos, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1993 y la implementación de reformas neoliberales, se ha consagrado un Estado con mínima intervención en el devenir de la sociedad.
Esto significa, como es ampliamente conocido, que se ha priorizado lo privado sobre lo público sin buscar un equilibrio entre ambos sectores. Pese a ello, debemos reconocer que, en un primer momento, estas reformas eran necesarias para estar en sintonía con la nueva megatendencia económica de la década después de la caída del muro de Berlín y del triunfo del sistema de capitalista sobre el sistema comunista. Sobre todo, después de una profunda crisis económica, social y política en la que se hallaba el país; además, en los gobiernos anteriores, se impulsó la idea de un Estado paternalista que pretendía entrometerse en todo aspecto de la vida del individuo.
Sin embargo, la crisis financiera del año 2008 propició un escenario en el que se cuestionó la vigencia del modelo económico de corte neoliberal. Los principios de economía social de mercado y Estado social de Derecho han sido utilizados, por los gobiernos que oscilan en el periodo de 1990 a 2017, dentro de los parámetros propensos a reducir al Estado a un ente puramente regulador y generador de marcos legales sin optimizar su intervención; esto denota que debieron ejecutarse políticas públicas conducentes a revalorar los derechos sociales de las mayorías sin ocasionar el menoscabo del mercado ni de la pequeña, mediana y gran empresa. Es decir, tomarse en serio el cumplimiento de los objetivos de reducción de las ingentes brechas de desigualdad social y digital para potenciar el fortalecimiento de una clase media sostenible y dentro de una comunidad de la información y el conocimiento. Todo lo anterior, dentro de lo establecido en el Acuerdo Nacional y del Plan Bicentenario como metas mínimas de la prospectiva estratégica esbozada por el propio Estado peruano.
El fenómeno de la globalización ha creado una atmósfera en la cual, los sectores más conservadores, propendan a difundir el agotamiento del Estado de bienestar, principalmente, después de la crisis del modelo en Europa. Pero, América Latina es otro espacio y otro tiempo.
En el caso peruano, la clase media es débil y dependiente de las políticas crediticias de las entidades financieras, esto la ubica en una situación de vulnerabilidad que puede caer, en cualquier momento, en pobreza. Por ello, el Estado de bienestar en el Perú debe asumir una posición que se oriente a diversificar los motores de crecimiento económico e identificar nuevos segmentos exportadores que sean capaces de insertarse en las cadenas globales de producción.
El primer paso es declarar a ciertos sectores estratégicos, sin temor alguno, porque ello requiere decisión y firmeza para una gestión pública eficiente. Se proponen los sectores de comercio exterior, economía, producción y energía, la consecuencia de este acto fomentará que el Estado peruano obtenga que su modelo productivo ingrese a una siguiente etapa; de tal forma, que se permita potenciar otros sectores prioritarios, y no menos relevantes, como trabajo, educación y salud.
El fin: redistribución equitativa de la riqueza y puesta en marcha de un proceso que encause el mercado al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado.
