Nuevamente los medios destacan en sus primeras planas que el Partido Nacionalista Peruano recibió tres millos de dólares en efectivo de la empresa ODEBRETCH - involucrada en un sonado caso de corrupción continental - para financiar la campaña electoral que llevó a su candidato a ganar la presidencia.
La noticia que llega desde el Brasil, destaca que la Corte Suprema del país vecino hizo pública parte la declaración de Marcelo Odebrecht, en la que señala haber entregado dinero al expresidente Ollanta Humala.
Esta información que involucra a un partido político en actos de corrupción, se suma a la noticia propalada la semana pasada, en la que se daba cuenta del dinero que también ODEBRETCH habría entregado a Félix Moreno, Gobernador Regional del Callao, para financiar la campaña electoral para su reelección con el movimiento regional Chim Pum Callao; lo que generó que el Poder Judicial le dicte un mandato de prisión preventiva por dieciocho meses y lo recluyan en el Penal de Ancón I.
A la fecha hay aproximadamente una docena de gobernadores y exgobernadores regionales procesados y sentenciados por actos de corrupción, recluidos en diferentes penales del país. Todos ellos líderes de movimientos regionales, como por ejemplo Gregorio Santos del MAS en Cajamarca y César Alvarez de CUENTA CONMIGO en Áncash.
Tenemos el caso de Alejandro Toledo, expresidente de la república y líder del otrora partido político Perú Posible, con un mandato de prisión preventiva en su contra que deberá cumplir cuando concluya el proceso de extradición desde los Estados Unidos de Norteamérica.
En cuanto a los alcaldes, también hay varios casos, como el del ex burgomaestre de Chiclayo, quien viene purgando condena, o el del distrito de Chilca, recientemente capturado por pertenecer a una banda delictiva.
Es decir que estamos ante una serie de autoridades elegidas por voluntad popular, en los tres niveles de gobierno, quienes han utilizado las plataformas de sus organizaciones políticas para llegar al poder y enriquecerse mediante actos de corrupción; sin embargo, si bien la ley penal establece severas penas para estos malos funcionarios públicos, no existe sanción alguna para el partido político o movimiento regional que los avaló.
Por eso en el debate de la reforma electoral se debe incluir las sanciones para las organizaciones políticas inmersas en actos de corrupción. Una de ellas puede ser modificar el artículo 14° de la Ley de Organizaciones Políticas, la cual contempla la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática; incorporando como una causal adicional para declarar la ilegalidad de un partido o movimiento, el apoyar o beneficiarse con los actos de corrupción de sus militantes que ejercen cargos de elección popular.
La declaración de ilegalidad origina que la organización política pierda su inscripción en el Registro de Organización Políticas, con lo cual desaparece y no puede presentar candidatos en los procesos electorales. Otra opción, dependiendo del grado de responsabilidad de la organización política, sería una suspensión temporal de su inscripción en el registro, con lo cual no podría presentar candidatos en un determinado proceso electoral.
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