EL RELOJ NO SE DETIENE

La reforma electoral ha desatado un nuevo encontrón entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a razón de que ad portas de la presentación del proyecto de ley formulado por el grupo parlamentario que lleva el mismo nombre, luego de casi seis meses de trabajo; la Presidencia del Consejo de Ministros ha presentado un proyecto de ley propio sobre la reforma electoral, el cual lamentablemente tiene una serie de propuestas repetitivas y poco técnicas.

No obstante, tal conflicto entre poderes del Estado nos plantea un problema aún más serio, se está sobre politizando la denominada reforma electoral y no se está tomando en cuenta lamentablemente,desde la arena política, una propuesta técnica seria y especializada como la presentada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de suproyecto de Código Electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones, según el artículo 178°, tiene iniciativa legislativa en materia electoral indistintamente a ser garante del cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia. Dicha función es posteriormente resaltada en el artículo 7° de la ley orgánica de este organismo constitucionalmente autónomo, la Ley N° 26486; una norma de desarrollo constitucional integrante del famoso “bloque de la constitucionalidad” definido en el artículo 79° del Código Procesal Constitucional, como aquellos parámetros legales bajo los cuales se debe interpretar la propia Carta Magna dogmática y orgánicamente.

Resulta preocupante, que el debate político se aleje de lo que podemos entender como una propuesta legislativa técnica, especializada e integral como la formulada por el Jurado Nacional de Elecciones en su proyecto de Código Electoral.  No cabe duda, que dicho código como cualquier otra norma electoral debe pasará por un consenso de todas las fuerzas políticas con representación nacional; empero, considero que estamos observando una sobre politización del debate en torno a la regulación de una materia que requiere, reiteramos, un tratamientoestrictamente técnico y especializado.

Recordemos, que en varias ocasiones la delegación de funciones legislativas por partedel Congreso de la República al Poder Ejecutivo terminaron en decretos legislativos que aprobaban códigos civiles, penales, procesales, etc.; y eso, por la obvia razón de que la especialidad, amplitud y sistematización de la materia a legislar ameritaba de un trabajo centralizado de un ente técnico, que termine finalmente en un producto normativo integral.

En derecho electoral, aquellos que conocemos sobre su amplitud sustantiva –de fondo- o adjetiva –de forma o procesal- podemos advertir como un peligro esa sobre politización de la reforma, que bien podría despojarla de ese necesario enfoque técnico indispensable para su efectividad y durabilidad en el tiempo. Esperemos que eso no ocurra y que las fuerzas políticas evalúen con frialdad y sin calenturas políticas el proyecto de Código Electoral propuesto por elSupremo Tribunal Electoral.

Recapitulando, tenemos las Elecciones Municipales y Regionales 2018 a la vuelta de la esquina y el primer plazo electoral próximo a vencerse el 09 de julio de 2017; para las renuncias de los afiliados a un determinado partido político, que deseen postular como independientes en los próximos comicios. Por ende, acá no deben primar los mesianismos, se debe trabajar sobre lo ya avanzado y en particular, por lo avanzado por el ente técnico especializado. El reloj no se detieney debemos contar en breve un marco normativo coherente, que dé estabilidad a nuestro sistema político –democrático- con elecciones que tengan amplios márgenes de credibilidad.

José Andrés Tello Alfaro

Presidente de la Comisión de Estudios Electorales del Colegio de Abogados de Lima, abogado de la Universidad de Lima y profesor universitario de 42 años, con experiencia laboral en el sector público y privado. Cuenta con un Diplomado en “Los Derechos Humanos y las Minorías en el Mundo” - Colegio Universitario Henry Dunant/Universidad de Verano de los Derechos Humanos de Ginebra- Suiza; un Postgrado de Ciencia Política con mención de “Defensa de Estados” en la Pontificia Universidad Católica de Chile y otro de “Buen Gobierno y Sistemas Electorales” en la Universidad de Piura en convenio con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE.