¿Para qué sirve el Estado?

La pregunta es desafiante y cuasi anarquista. Sin embargo, la interrogante no va por ese camino. Esta surgió la tarde de lunes, luego de una conversación con amigos, ante  la sorpresiva renuncia del ministro Vizcarra y el informe de la Contraloría sobre el contrato para la ejecución del Aeropuerto de Chinchero. A muchos, les resultaba inconcebible como el Estado peruano pudo firmar un contrato donde no se fija una tasa de interés, así como que la empresa tenía potestad de cambiar la misma cuando lo vea conveniente. ¿Hasta este nivel se ha llegado a socavar la función estatal que una empresa es la impone las reglas de juego? Eso no es lo más preocupante. Lo que indigna a la ciudadanía es que el gobierno de Humala permitiese tal error en la suscripción del contrato y el gobierno actual, hace meses, no haya tenido el poder de declarar inválidoun contrato lesivo para los intereses nacionales. Pagar más de 500 millones de dólares solo en intereses, es una pérdida exorbitante que el Estado cargaría a los contribuyentes.

En tiempos en redes transnacionales legitiman la globalización, el Estado es una entidad técnico – administrativa al servicio de las necesidades del mercado. En un proceso paulatino de “desnacionalización” de las funciones del Estado desde mediados de los 80’s, también devino en una reducción de la participación del Estado en la economía. Ese es el problema en Chinchero. El Estado peruano, siempre al servicio de las bondades del libre-mercado, no tiene poder alguno para intervenir en la economía, generando polémicas y retrasos antes megaproyectos no solo como el Aeropuerto de Chinchero, sino también el de la repotenciación de la Refinería de Talara. El Estado, en nuestros vecinos de la región, compite como un actor más en el mercado, generando alianzas con sectores privados, para el emprendimiento de obras públicas. La demanda no es la participación estatal al 100% en los proyectos, sino que tenga un rol trascendental en el proceso, con poder de inversión – riesgo, en alianza con empresas del sector privado. Una cosa es delegar todo al poder privado; otra muy diferente, es trabajar en alianzas estratégicas, con rentabilidad para ambos actores.

El debate en el Perú se enfrasca en la tan ansiada y a la vez utópica reforma del Estado. La transformación del Estado peruano, pasa por una estrategia de afianzar las redes de gobernanza que brinde mayor interrelación entre el Estado y la ciudadanía. Esto, con el objetivo de tomar en consideración el entramado de intereses y demandas de actores gubernamentales y actores no estatales. El Aeropuerto de Chinchero es evidencia de un fracaso rotundo de la gobernanza. Precisamente, la decisión del Estado peruano por anular el contrato para la ejecución del Aeropuerto, generará medidas como un paro indefinido para los próximos, reflejo de demandas de la población local que no han sido canalizadas por el aparato estatal. En ausencia de políticas públicas que permitan la colaboración entre Estado y sociedad civil para el logro de objetivos comunes, el conflicto social y las protestas están a la orden del día. Necesitamos una transformación del Estado conforme a las necesidades de la sociedad peruana del siglo XXI.

Si bien la adenda permitía incrementar la participación del Estado en el proyecto (del 28% al 82%), surgía otro problema: la rendición de cuentas para una inversión de tal magnitud. Si bien el informe de la Contraloría ha revelado que los malos manejos han permitido un perjuicio para el Estado de casi 40 millones de dólares, no se debate el problema de fondo. Los mecanismos de accountability implementados desde el Estado fallan, porque la capacidad del Estado para fiscalizar también ha sido afectada desde el interior del aparato burocrático. Los funcionarios implicados en el informe de la Contraloría, develan que la adenda parece haber sido un juego de intereses entre actores gubernamentales en espacios institucionalizados como el MTC. Lo preocupante es que solo funcionarios de medio rango serían los implicados, más los funcionarios de alto rango, como es costumbre en el Perú, son exculpados de toda responsabilidad. Habría que aguardar las investigaciones para ver si Vizcarra tuvo mayor implicancia o relaciones con los funcionarios acusados. Por ahora, su renuncia lo libera de toda responsabilidad política.