Ser o no ser maestro en el Perú

Inferir los posibles detonantes de la actual huelga de maestros, es un trabajo intrincado. La poca capacidad de los actores por lograr consensos refleja las tensiones existentes entre los dirigentes de los sindicatos, así como el escaso talante político del Ejecutivo por tender los puentes de diálogo antes del estallido de las protestas. Todo conflicto social en la cual existe una pugna de intereses, el escenario previsible es que el mismo genere cambios sustanciales en una determinada política. Sin embargo, el sector educativo, aunado a otros sectores estratégicos del Estado, no se encuentran rastros de mejoras en cuanto a la capacidad de materializar los acuerdos. El origen de toda esta crisis del sector educación parece estar relacionada con una acumulación de demandas y la desprofesionalización de la labor docente.

La acumulación de demandas históricas surge en las zonas periféricas de Lima. En décadas pasadas, ser docente era contar con un prestigio profesional al mismo nivel que un médico o un abogado. Las altas remuneraciones permitieron que una primera generación de maestros, en su mayoría migrantes, pudiesen acceder a viviendas en distritos de clase media y alta (Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel), así como en los nacientes distritos en la periferia de la ciudad (Los Olivos, San Martín de Porres, entre otros). Esto, permitió una calidad de vida adecuada, donde los maestros pudieron educar a sus hijos en universidad privadas, así como consolidar la idea de que la carrera pública magisterial era símbolo de estabilidad económica, bajo la tutela del Estado. En la actualidad, ser docente en el Perú está muy lejano a ser una vocación; es ahora una obligación, un escape de la pobreza en sectores urbanos.

Hoy vemos, que la procedencia de la mayoría de maestros es de distritos limeños que conforman los niveles socioeconómicos C y D. El conflicto interno no solo generó desplazamientos del campo a la ciudad, sino también desplazamiento en las mismas zonas urbanas, a distritos donde surge el descontento frente a la baja capacidad estatal para responder a sus demandas. Distritos como San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo, son zonas donde se agudizan las contradicciones sociales, donde gran parte de los docentes no sienten los beneficios del crecimiento económico. El alto costo de vida, las exigencias de mayor profesionalización y la precaria infraestructura de los centros educativos, es una deuda acumulada del Estado por más de dos décadas. El que entre las carreras más solicitadas en el mercado laboral, no figure el ser docente, ya revela que algo se está haciendo mal en el diseño de las políticas educativas y las asignaciones presupuestarias.

Si bien es labor del gobierno investigar la supuesta infiltración del CONARE y MOVADEF en el magisterio, las causantes del conflicto no están en ese viejo enemigo que amenazaba la institucionalidad del sistema democrático. El problema yace en que el crecimiento económico no ha permitido la profesionalización de la labor docente, permitiendo el desplazamiento de la nueva generación de maestros a zonas urbano-marginales, las cuales son incubadoras de descontento social, en la cual el Estado ofrece limitadas oportunidades para una profesión que permita el ascenso social en un mercado laboral cada vez más competitivo. Por ello, en nada contribuye incrementar el presupuesto del sector educativo de 16 a 19% del PBI y crear laboratorios de innovación de políticas educativas, si no se cuenta con profesores con sueldos al costo de vida actual, así como no se les puede exigir niveles óptimos de enseñanza, si no cuentan con los medios suficientes para el desarrollo de sus capacidades. La oportunidad de promocionar un cambio sustancial en el sector educativo cuando cese la protesta está en el Estado y dar una vuelta tuerca en la revalorización de la labor docente.