Reforma educativa, tarea de todos.

En las últimas semanas hemos visto como las calles han sido tomadas por los reclamos sociales del Magisterio. Miles de maestros inundaron las avenidas y plazas en distintos puntos del país, la situación se iba agudizando pero el Estado seguía inerte y fiel al estilo frívolo que caracteriza a algunos de sus funcionarios, que suben y bajan las escaleras con prisas gerenciales de agendas con café after-office. Al parecer sólo percibían a las huelgas como pequeños destellos sociales que rara vez todo gobierno suele observar detrás de las cortinas presidenciales.

Sin embargo las calles ardían, como Troya revuelta, embravecida por toda la indignación acumulada desde gobiernos anteriores. Y cómo no, la legión extremista de pseudosindicatos que aprovechaban el pánico magisterial para salir a las calles a desfogar toda la furia antiestado. Pero para sazonar el escenario no faltó la respuesta apresurada y algo imprudente de parte del oficialismo, al lanzar cual flecha acelerada, la palabra “Terroristas” que fue tomada como una ofensa generalizada por la masa de profesores.

Si bien es cierto que existen pruebas que vinculan a un grupo de dirigentes con Sendero Luminoso y que incluso se notó la presencia de algunos excarcelados que guardan lazos estrechos con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), no fue una buena estrategia utilizar a primera instancia el término “Terrorista”, porque en vez de apagar las llamas terminó elevando el nivel de complejidad de la huelga debido a la carga extra de indignación que desató tal expresión, verídica pero no precisa para esos momentos críticos y de alta tensión masiva.

¿Eran justos los reclamos de los maestros del Perú? Efectivamente, existe una deuda social postergada, una huelga que tenía que detonar en cualquier momento. Y la verdad es que después de todos los esfuerzos realizados por el ex Ministro José Antonio Chang, quien lideró la reforma educativa enfrentando históricamente toda oposición de grupos radicales que se negaban rotundamente a las reformas, fue el gobierno de Ollanta Humala que, en su aventura política desestabilizó todos los avances logrados y resucitó las resinas rojas del SUTEP extremista, que años anteriores puso cruenta resistencia a las evaluaciones.

Aquella minoría de dirigentes recalcitrantes que lanzaban llantas, botellas, huevos y piedras a sus colegas que “SÍ” habían aceptado rendir los exámenes, fueron “premiados” en el siguiente gobierno de la pareja presidencial Humala-Heredia recibiendo grandes beneficios, con la condición de quedarse callados. Una dirigencia oportunista que además logró anular los ascensos meritocráticos de más de treinta mil profesores, únicos héroes de la reforma educativa, que habían aprobado satisfactoriamente el examen en el gobierno anterior.

He ahí dónde se produjo el desorden y prácticamente se detuvo los avances reformistas. Hoy, es esa resaca humalista que enfrenta el gobierno de turno, que por desgracia carece de operadores políticos.

Entonces, ¿realmente tenemos políticas de Estado que trasciendan gobiernos? ¿A caso nuestro sistema educativo no está en emergencia? ¿La educación sólo es responsabilidad del Estado? ¿Cuál es el costo socioeconómico de mañana por la mala educación de hoy? Nos hace falta políticos que realmente conozcan la realidad del país y entiendan que nuestra educación requiere de una concertación nacional y eso se logra con operadores políticos descentralizados y altamente calificados en todo el país que sirvan de bisagra para comprender y canalizar las demanda sectoriales.

Finalmente, también tengamos en cuenta que los criterios orales de las actuales angloevaluaciones diseñadas para maestros y alumnos de economías altamente desarrolladas no se ajustan a la plurirealidad socioeconómica de las aulas peruanas. Nuestro escenario latinoamericano aun es frágil. Tenemos niños que van mal alimentados a las clases, provienen de hogares fracturados, muchos son víctimas de violencia intrafamiliar, carecen de recursos para suplir útiles escolares y algunos trabajan para colaborar con la economía del hogar.

¿Se le puede echar la culpa sólo al maestro del pésimo aprendizaje? La reforma educativa tiene que ser integral y con participación de todos los actores sociales tanto del Estado, los maestros y las familias organizadas. Es fundamental replantear los criterios de evaluación al docente, que parta de una base sólida, justa y razonable. De manera contraria por más exigencias que se impongan no se lograrán resultados de un día para el otro, menos con técnicos en el ministerio que jamás han dictado clases en un colegio público ni han visitado las unidades escolares de los lugares más recónditos del Perú.

Hace falta multiplicar pedagogos, psicólogos y nutricionistas especializados en educación para que acompañen la formación de nuestros estudiantes. Es un proceso largo y arduo pero nosotros como sociedad también somos parte del problema, entonces empecemos siendo responsables, porque la educación no sólo es función de los maestros sino es una iniciativa del hogar, empecemos por brindarles a nuestros hijos un hogar sólido y lleno de valores. El cambio de las futuras generaciones es tarea de todos.