Dada la coyuntura actual podríamos considerar a Maritza Garrido Lecca (MGL) como la rockstar del terrorismo. Detez blanca, miraflorina, bailarina y profesora de ballet queha obtenido gran relevancia mediática durante estas semanaspor razones aún no explicadas públicamente. ¿Qué la diferencia de los otros miles de ex terroristas liberados anteriormente? Posiblemente su apellido y vínculos familiares, sean una explicación.
Ella, ha sido materia de extensos artículos de opinión, donde recuerdan su accionar, su participación en Sendero Luminoso (SL) y alguna de sus arengas y palabras vestidas a rayas.Ergo, existen al menos tres aspectos que debemos considerar por encima de este show mediático.
Primero. Martha Huatay a diferencia de MGL, era miembro del Comité Central de SL; sin embargo, no observamos los amplios reportajes, ni entrevistas ni artículos de opinión respecto a ella. Su accionar o su pronta salida del penal, o de los más de 1500 miembros de este grupo terrorista liberados, no concentran la misma atención de los medios de comunicación ¿será acaso que dichos medios son guiados por el morbo, la discriminación, los prejuicios y el rating, antes que por formar cultura en la nación o mínimamente informar a las nuevas generaciones sobre este episodio de la nuestra historia reciente?
Segundo. Ningún gobierno democrático en el Perú ha proyectado o planteado leyes ad hoc que permitan la reinserción y reincorporación a la sociedad de las personas sentenciadas por terrorismo. Actualmente tampoco se cuenta con alguna política pública al respecto, solo tenemos declaraciones sobre presuntas acciones de vigilancia e inteligencia hacia este grupo social.Todos, como ciudadanía debemos estar pendientes del cuidado del estado democrático que intentaron destruir décadas atrás.
Tercero. Como peruanos, todos tenemos los mismos derechos y deberes contemplados en la Constitución Política, salvo algunas excepciones. Uno de esos derechos que genera dilemas e incertidumbres es el derecho político a participar en los asuntos públicos, así como ser elegidos como autoridades.Según la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, en su artículo 6° indica que para ser candidato a alcalde o regidor, sólo se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener un DNI, domiciliar en la provincia o distrito donde se postule al menos dos años continuos y no estar impedido para postular, éste último requisito está referido a la imposibilidad de algunas autoridades en ejercicio, salvo licencia o renuncia en algunos casos.
Martha Huatay, Victor Zavala Cataño u otro excarcelado por terrorismo podría postular a la municipalidad de tu distrito o provincia. Se imaginan a MGL postulando a la alcaldía de Miraflores en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo año. Créalo, es posible, pues la ley hasta la fecha, no lo impide. Es posible que su candidatura no proceda ante el JEE, por los dos años de residencia, pero para los excarcelados que han salido de la cárcel hace más de un año, no habría inconveniente alguno.
Entonces, ¿no resulta necesario que las normas electorales contemplen dichas posibilidades? Sin embargo, si recapitulamos, tanto el proyecto de Reforma Electoral presentado por el Poder Ejecutivo como el Plan 32 de la Asociación Transparencia proponían impedir la postulación a cargos de elecciones popular a personas que hayan sido condenados con sentencia judicial firme por terrorismo, además de otros como narcotráfico, corrupción, violación sexual, etc. Dichas propuestas no tuvieron cabida en el Informe del Grupo de Trabajo de la Reforma Electoral del Congreso de la República. ¿Es que acaso,los congresistas, no tienen presente que ya se vienen cumpliendo las penas de los terroristas sentenciados y se hace urgente legislar en esa materia?Ojaláreflexionen y vean que dicha iniciativa es ineludible.
Antes que en octubreregrese la fiebre futbolera, es imprescindible analizar y debatir estos temas importantes para el país. No esperemos que el Movadef u otro movimiento político pro terrorista nos sorprendanuna vez más para reaccionar. Apostemos por una política preventiva que pueda permitirnos seguridad, desarrollo y reconciliación entre peruanos.