En el excelente debate académico recogido en el texto “El nombre de la cosa: debate sobre el término nación y otros conceptos relacionados” el historiador español José Álvarez Junco define a la Nación como una comunidad cultural básica, de asociación natural y orgánica, donde la gente se funde; mientras que puntualiza, sobre la sociedad como la asociación razonada y construida desde los parámetros funcionales de la racionalidad.
Hay apegos primordiales que surgen de cosas consideradas naturales, ajenas a la elección del sujeto. Nacer en una comunidad lingüística o de un determinado credo religioso son hechos naturales que generan vínculos vigorosos, primordiales y obligatorios en sí mismo. Con ello no intento justificar la incapacidad de adaptación o cambios de los seres humanos, mucho menos intento hacer un juicio de valor respecto de las bondades que tiene apostar por una evolución de conductas a medida que sumamos nuevas experiencias en nuestras vidas; pero sí intento recoger uno de los argumentos científico social que nos ayude a blindar de tolerancia cualquier pensamiento sobre el proceso de independencia catalana.
Uno de los elementos más alentados por los nacionalistas catalanes, para pretender sus objetivos independentistas, es la historia, no se trata de una estrategia novedosa puesto que dicho elemento es consustancial a la visión primordialista de Nación. Así pues, el discurso independentista apela a la histórica rebeldía de la Nación catalana dentro de las formas de organizaciones políticas que han regido los destinos de la península ibérica; desde la caída de la Monarquía Visigoda y la asunción al poder de los musulmanes, los catalanes fueron testigos y coprotagonistas de la tensa relación árabe-cristiana, que registró la victoria cristiana en Poitiers (año 732 d.C.) permitiendo la conquista de los territorios cercanos a los Pirineos por parte del Imperio Carolingio.
Una vez consolidados los Condados catalanes (siglo IX) sus habitantes no tardaron mucho tiempo en encender la llama de la autonomía y así desvincularse de la tutela francesa. Durante siglo y medio, los Condados catalanes vivieron cierta independencia política dentro de un contexto donde la península se encontraba fragmentada en pequeños reinos cristianos enfrentados al poder musulmán. No fue hasta el gobierno del Conde Ramón de Berenguer IV cuando se produjo la unión dinástica entre los Condados catalanes y el Reino de Aragón a través de su boda con Doña Petronila de Aragón. Dicho matrimonio impulsó la expansión catalanoaragonesa por el Mediterráneo, brindando a Cataluña una posición comercial de privilegio en el preámbulo de la Edad Moderna.
El enclave comercial catalán sufrió un notable declive económico en el siglo XV, que coincidió con la unión dinástica entre la Corona de Castilla y la de Aragón. Su recuperación no llegó hasta el siglo XVII, cuando parte de la nobleza catalana auspició en 1640 una nueva revuelta popular contra el ejército real español que había acudido a Cataluña para combatir a la Francia del Cardenal Richelieu. El final de la Guerra de los Treinta Años (1648), tras la Paz de Westfalia, permitió a Felipe IV recuperar Cataluña, cuya población aplaudió el regreso a España y la apertura de un nuevo mundo de equilibrio de poder.
Los hechos más recientes de la convulsa historia política catalana han venido marcados por la extraordinaria adaptación de su recurso humano a los conceptos teóricos y prácticos de la Revolución Industrial. En términos de correlación de fuerzas, dicha adaptación trajo consigo la transformación del sistema productivo catalán, otorgando a la región un poder especial en las relaciones económicas con el resto del Estado español. La seguridad conferida por el desarrollo económico dio paso al nacimiento del catalanismo político, que durante los dos últimos siglos ha venido capitalizando gran parte de la iniciativa popular y los planes de gobierno de los recientes partidos políticos independentistas catalanes; el último episodio se vivió el pasado 06 de setiembre del presente año, día en el que la mayoría independentista del Parlament de Catalunya aprobó la Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña que inmediatamente refrendó el Govern. Es decir, se cruzó la línea roja infringiendo el artículo 2do. de la Constitución Española: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.”
Resulta elemental destacar los lazos sentimentales que fundan a una Nación, perdernos el enfoque de Nación como cuerpo y alma que recurre al pasado para construir el presente, nos imposibilita hacer el esfuerzo de diferenciarlo, aunque difícil es, de los conceptos de sociedad y Estado en los que impera la necesidad de organización del poder a través de la articulación de elementos como territorio, población y soberanía.
Es legítimo, más aún en democracia, que segmentos de la comunidad catalana reivindiquen su nacionalismo; sin embargo, los catalanes son responsables de llevar lo cultural e identitario hacia una arena política, como viene sucediendo y, de ser el caso, asumir las consecuencias del proceso de escisión con el Estado español.
Ni un catalán, de igual manera que ni un manchego, ni un gallego o vasco podrán dejar de reconocer que España es un Estado de Bienestar, perfectamente mejorable desde el punto de vista de la garantía de derechos y libertades, pero es al fin y al cabo un Estado comprometido en promover la sana convivencia entre sus ciudadanos en el afán de buscarles una mejor calidad de vida. Si en los catalanes prima lo sentimental a lo racional será bueno que asuman las consecuencias de construir un nuevo Estado con las dificultades internas y externas que entrañan las correlaciones de fuerzas en un mundo altamente geopolitizado.
José Carlos Urbina Suárez
Politólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
7 Diciembre, 2023
7 Febrero, 2018
