Edgardo De Pomar
Un padre de familia y su pequeña hija de dos años de edad, fueron asesinados en la mañana del lunes 20 de noviembre por sicarios. Fue por la mañana a plena luz del día y no los detuvo el hecho que su “víctima-objetivo” estuviera en ese momento caminando de la mano con sus dos menores hijos hacia el colegio.
Según el informe del Comportamiento de la Tasa de Homicidios 2011-2016 publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2016, a nivel nacional se registraron 2 mil 435 muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, con una tasa de homicidios de 7,7 muertes por cada 100 mil habitantes.Esto significa que cada día son asesinadas 7 personas en nuestro país. Dato que no comprende, por supuesto, a las personas que sobrevivieron al intento de homicidio a manos de sus victimarios.
¿Qué pasa con el sistema de justicia en el Perú?, ¿Cuánto más tiene que soportar la inseguridad el pueblo?, ¿A dónde nos lleva la autoridad?.
Esas son las preguntas que nos hacemos frecuentemente los peruanos. El sistema de justicia está integrado por los titulares del Poder Judicial, los Ministerios de Justicia e Interior, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Academia de la Magistratura.
Estas instituciones tienen como rol fundamental garantizar el respeto de los derechos de las personas, elaborar estrategias para proteger a los ciudadanos, actuar de forma oportuna y eficaz frente a las amenazas a la seguridad y tranquilidad de las personas ejecutando las políticas y planes; asimismo, actuar de forma oportuna y eficaz en la persecución de la comisión de faltas y delitos y sancionarlos.
Si las cosas no cambian para mejor, es porque la Policía Nacional, los Fiscales, los jueces y los miembros de la academia de la Magistratura, no aciertan en el trabajo que desarrollan y/o no tienen ni el liderazgo ni las capacidades necesarias para dar resultados positivos.
En materia de prevención, se verifica una absoluta orfandad. La Policía Nacional no cumple adecuadamente esa función; sabemos que carece de los recursos humanos necesarios. Frente a esa situación el Poder Ejecutivo no encuentra el camino, no se aprovechan las potencialidades del Serenazgo Municipal y del servicio de seguridad ciudadana que por ley está obligado a brindar el municipio en cada ciudad y pueblo de nuestro país.
El Poder Ejecutivo y las instituciones del sistema de justicia no saben qué hacer para solucionar el problema de la inseguridad; vemos que no tienen un rumbo, que no hay un buen timonel. Sin rumbo y timonel estamos condenados al naufragio.
La memoria de las víctimas y sus familiares claman por una solución, la trágica realidad de la seguridad exige una solución; el Serenazgo municipal debe tener un estatuto jurídico, una ley que establezca a nivel nacional su existencia y operación, con clara prescripción de sus deberes, potestades y derechos. Deben tener formación, capacidad de detener personas y portar armas.
La ciudadanía reclama protección y seguridad, actuemos en función de las necesidades y retos y no en función de los intereses institucionales o de las funciones supuestamente exclusivas de un solo órgano en materia de seguridad ciudadana. Una autoridad sin capacidad coercitiva es un remedo de autoridad.
Los ciudadanos, padres e hijos tenemos derecho a caminar con libertad y seguridad en todo el territorio nacional. Encontremos el rumbo.
25 Marzo, 2026
