“El caso ‘Lava Jato’ empezó en Diciembre del 2016 y Enero del 2017, ya va a pasar un año y es una vergüenza -ajena e internacional- que el fiscal a cargo de la investigación no haya avanzado ni el 1% de investigaciones respecto al segundo Gobierno del ex Presidente Alan García; sin embargo, de manera mediática lo está condenando.”
Alan García, el ex Presidente de la República en dos ocasiones -no consecutivas- ha vuelto a ser el mayor protagonista de las portadas de diarios y titulares de radio y televisión. Ya sabemos el ‘por qué’, pero nuevamente estamos frente a una realidad subjetiva, puesto que los medios de prensa no siempre muestran objetivamente los hechos, pierden de vista que deben ser los que generan corriente de opinión, pretendiendo hacernos consentir que su opinión es la verdad absoluta. El ex Presidente García ha pedido asilo frente al cuestionable actuar de nuestro sistema judicial, que incluye la labor del Ministerio Público.
En primer lugar, ¿Cómo es posible solicitar impedimento de salida a un ciudadano si ni se ha iniciado la investigación? El caso ‘Lava Jato’ empezó en Diciembre del 2016 y Enero del 2017, ya va a pasar un año y es una vergüenza -ajena e internacional- que el fiscal a cargo de la investigación no haya avanzado ni el 1% de investigaciones respecto al segundo Gobierno del ex Presidente Alan García; sin embargo, de manera mediática lo está condenando.
El Presidente del Tribunal Constitucional, nada menos, ha señalado que se está haciendo abuso de medidas restrictivas de la libertad ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre el impedimento de salida? En los expedientes N° 03016-2007-PHC/TC y N° 01064-2010-PHC/TC, señala lo siguiente sobre el impedimento de salida:
“Debe estar debidamente fundamentada y motivada. Lo que significa que deben señalarse las razones o motivos que supuestamente justifican la imposición de dicha medida, y en su caso, de la prolongación de su mantenimiento mientras dure el proceso.”
¿Qué se rescata del presente texto? La frase “mientras dure el proceso”. ¿Le han iniciado un proceso al ex Presidente Alan García Pérez? Que sepamos aún no existe tal proceso, existe una investigación fiscal a nivel preliminar, en la que deben recaudarse medios probatorios. Pero IDL ya las incorporó y han servido de fundamento presentado por el fiscal y validado por el Juez, inclusive documentos en idioma que no es oficial en el Perú, que no ha sido traducido conforme a derecho, pero sirve para el escándalo, me pregunto si ello no podría configurar abuso de autoridad, en tanto va en contra de lo que dictamina el Tribunal Constitucional.
En segundo lugar, la prensa, o mejor dicho un grupo empresarial que controla la mayoría de los medios, además de IDL, quieren hablar de moral, de ética, quieren reemplazar a la administración de justicia y se creen dueños de la verdad absoluta, cuando hoy -más que nunca- están haciendo una cacería de brujas con todo aquel que opine distinto a ellos. Esa prensa, que por lo demás está vinculada, a empresas que han sido consorciadas con Odebrecht. En tanto los dueños de los principales medios de comunicación son, a su vez, accionistas y destinaron parte de sus “ganancias” para pagar sobornos. Esos periodistas no considero que tengan la autoridad, menos los argumentos jurídicos de quiénes se han quemado las pestañas estudiando Derecho. Periodistas que han presentado informes subjetivos y -en algunos casos- falsos.
Dentro del Derecho Constitucional uno aprende que todos los derechos tienen límites, apliquemos la famosa frase “tus derechos terminan dónde los míos comienzan”. Y así cómo todo en esta vida ha de tener límites, el Derecho a la información y a la libre expresión tiene límites establecidos por el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son estos límites? Siempre que no se agreda el derecho a la intimidad ni a la imagen. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala “el ejercicio del Derecho a la Libre Expresión está sujeto a ciertas restricciones (…) a) Asegurar el respeto a los Derechos o a la reputación de los demás”. Los medios de prensa son compuestos por periodistas y su tarea es informar, háganlo con objetividad e imparcialidad, no sean parte del linchamiento.
En tercer lugar, ¿Está fundamentado el pedido de asilo político? Sí Señores y se demuestra con hechos. La agresión a Luis Alva Castro es sin lugar a duda, un hecho de autoritarismo, de persecución política. El comunismo que disque son los respetuosos de la democracia -tremenda patraña- qué tienen que ir hasta Uruguay para hablar y obligar, porque eso es lo que quieren hacer, quieren obligar a las autoridades uruguayas a rechazar el asilo político. Eso que quiere hacer el Frente Amplio es prueba fehaciente de que NO ESTÁN RESPETANDO EL ESTADO DE DERECHO, quieren presionar políticamente para imponer su opinión, o más bien diría odio. Todos esos disquen manifestantes que iban a la embajada de Uruguay para disque presionar y que se rechace el asilo, no conocen el alcance y significado de “asilo político”. Entonces yo les recomiendo a todos esos zascandiles que se pongan a trabajar, qué hagan algo útil por sus vidas.
Queridos compatriotas, estamos frente a una situación de caos, de desorden, no se está respetando el Estado de Derecho, debiendo ser el fiscal Domingo Pérez quien lo respete y no pisotee las instituciones, debe valorar la presunción de inocencia que debe ser destruida en un proceso, con las debidas garantías, a las que tiene derecho, aun cuando no le crea al ex Presidente Alan García. Yo, ciudadano peruano, hago un llamado público a las respectivas autoridades para que pongan coto a cualquier exceso o abuso, luchar.