Una de las características del gobierno del presidente Ollanta Humala, en sus casi cuatro años de gobierno, es la implementación de una política de seguimiento, chuponeo, rastreo, a políticos –inclusive de su mismo partido- empresarios, periodistas, entre otros.
Cuando son descubiertos salen con las clásicas frases: no sabemos nada, se investigará, etc, etc, etc, pero todo queda en nada. Nunca admiten nada, todo lo niegan y le echan la culpa al gobierno anterior.
Hasta en el propio Congreso de la República se chuponea. Están los casos de la funcionaria Patricia Robinson, ocurrido el pasado mes de noviembre, sin ningún resultado a pesar de haberse anunciado una investigación. El reciente chuponeo a los legisladores que sesionaron en la sala del PPC-APP, es el colmo.
Igualmente el seguimiento y reglaje al ex ministro Fernando Rospigliosi (junio 2013) quien a pesar de las pruebas presentadas por el denunciante, el gobierno lo negó. Ni la vicepresidenta de la República y legisladora Marisol Espinoza se salvó de los agentes de la DINI, quienes fueron intervenidos por su personal de seguridad. Pero no pasó nada.
Estos casos demuestran el accionar del gobierno para vigilar a personalidades de la oposición o a quienes son incómodos dentro de su bancada, como Marisol Espinoza. En el caso del ex presidente Alan García, se montó todo un operativo para captar sus conversaciones a través de su celular, para ello, los agentes de inteligencia se instalaron en un hotel cercano a su vivienda.
La presencia de algunos personajes cercanos al presidente Ollanta Humala y que trabajaron para el ex asesor Vladimiro Montesinos, han puesto en práctica estos métodos antidemocráticos y que vulneran el derecho a la privacidad de las personas. Hechos que solamente se utilizan en las dictaduras, como la que está viviendo Venezuela donde el chavismo vulnera los derechos humanos de los líderes de la oposición.
El dirigente aprista, Jorge Del Castillo también fue víctima del reglaje. Precisamente, el ex asesor de la PCM, Carlos Tapia confirmó que por orden del propio presidente Humala se le hizo seguimiento. Salomón Lerner Ghitis, el primer presidente del Consejo de Ministro del gobierno humalista confirmó lo dicho por Tapia.
Hay muchos casos más y de todos los colores políticos. Se puede decir que en el chuponeo el gobierno ha implementado su política de inclusión, nadie se ha escapado a esta mala práctica. Como lo demuestra la denuncia periodística del rastreo de información de casi 160 mil peruanos, realizados por la DINI y que en un principio la premier Ana Jara quiso minimizar, pero luego terminó relevando a los altos mandos de inteligencia.
Una moción de censura contra la premier ha sido presentada y se espera que el lunes 30, sea vista por el pleno del Congreso, si no renuncia antes. #InclusiónParaChuponear.