CASO PPK: ANÁLISIS POLÍTICO-JURÍDICO

“Son por este tipo de motivos -y otros- que tanto el fiscal Domingo Pérez cómo todo su equipo debe ser removido con la mayor prontitud del equipo de investigación ‘lava jato’ porque no son más que un grupo de improvisados que hasta el día de hoy no han llegado ni a la mitad de la investigación.”

La última semana ha sido marcada -verdaderamente marcada- por la prisión preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una prisión, políticamente, opacada por el “floro” (porque no tiene otra nombre) a la nación. Pero, esta prisión de 10 días es una prueba más de que la justicia en nuestro país es populista, basada en venganzas y urge la necesidad de hacer cambios dentro del equipo de fiscales “lava jato”.

Desde un punto de vista político, lo sucedido con el exmandatario PPK no tiene la relevancia que muchos han señalado. El exlíder del partido de los ‘PPKausas’ ya no tiene un futuro en la política, ya no tiene porqué luchar o un puesto que él necesite salvar. Vale decir, si su aprobación suba o baje, ahora es algo irrelevante porque PPK ya no es un personaje para el futuro de nuestra política, es un expresidente que debe limitarse a dar opiniones técnicas. Sin embargo, este análisis no lo aleja de que este personaje pueda ser víctima de algún juego político, en especial, una traición por parte de alguien que en su momento fue su ‘mano derecha’.

Sin embargo; respecto a lo mencionado en el párrafo anterior; jurídicamente, es todo lo contrario. La medida solicitada por el fiscal José Domingo Pérez es un exceso, además de tratarse de una medida inhumana. Tanto han alabado al fiscal Domingo Pérez, tanto lo han aplaudido y llenado de bombos ¿para qué? Para que este señor no tenga el mínimo respeto de alguien que podría ser -literalmente- su padre y lo encierra por 10 días en una prisión sin los recursos ni tomando en cuenta la salud de una persona mayor de 80 años. Violando Derechos Fundamentales de una persona y -sobre todo- violando tratados internacionales. Y todo esto ¿para qué? Para hacer ruido, para seguir un show que debió terminar hace meses. La prisión preventiva no puede, ni debe seguir siendo una repartija como chocolates en tienda de dulces.

El fiscal Pérez no ha concluido con ninguna investigación, en primer lugar. En segundo lugar, la fecha para interrogar a Jorge Barata viene siendo pospuesta desde hace más de dos meses. ¿Dónde están las pruebas de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski sea corrupto? Son fantasmas que deambulan por los pasadizos de la Fiscalía de la Nación. No existen tales argumentos.

El Tribunal Constitucional ha señalado, desde hace más de 3 años y en más de 1 sentencia, que la prisión preventiva debe ser considerada como una medida de último recurso. Vale decir, en casos de extrema urgencia. Pero el fiscal Pérez, de manera inconstitucional sigue pidiendo prisión preventiva para personas inocentes, para víctimas de una persecución judicial. Son por este tipo de motivos -y otros- que tanto el fiscal Domingo Pérez cómo todo su equipo debe ser removido con la mayor prontitud del equipo de investigación ‘lava jato’ porque no son más que un grupo de improvisados que hasta el día de hoy no han llegado ni a la mitad de la investigación.

Si un fiscal no cumple con las sentencias del Tribunal Constitucional, entonces este no se encuentra apto para seguir laborando. ¡Hey! Tú no tienes el derecho de vulnerar los Derechos Fundamentales de otras personas ni de privarles su libertad, y menos de una persona de más de 80 años que se encuentra vulnerable de sufrir un infarto o un derrame cerebral, cuya salud es frágil; sólo porque te da la gana de encerrarlo o porque vives llenos de resentimientos. Así es, el fiscal Domingo Pérez es un resentido que busca encerrar a medio Perú y no trabaja, no investiga nada, hasta ahora -cómo lo mencioné anteriormente- no se ha logrado ni la mitad de la investigación.

Lo sucedido con el expresidente PPK es una muestra de los excesos de nuestra justicia, de que vivimos en un país dónde a un mono le regalamos un terno, una oficina, un puesto de fiscal y este quiere encerrar a medio país sólo por ser sospechoso. Viviendo en un Estado de Derecho y siendo ciudadanos con sentido común, nada justifica una medida populista y -además- inconstitucional. Ninguno de los argumentos ni la resolución tienen o tendrían -en ninguna parte del mundo- sentido común. No hay razones ni argumentos para una medida que no tiene pies ni cabeza.

@michel_1098