En las últimas semanas se han venido difundiendo en los medios de comunicación, una serie de casos de presuntos actos de corrupción, los mismos que se habrían producido en diversas instituciones públicas y que están relacionadas con la adquisición de material de autoprotección personal, productos que han sido adquiridos a precios sobrevalorados o son de una calidad muy inferior a la que se requiere para enfrentar la pandemia causada por el coronavirus.
Entre los casos mencionados, se incluyen diversos actos de corrupción en los que estarían inmersos oficiales de la Policía Nacional, que habrían adquirido agua, alcohol, guantes y mascarillas, de baja calidad y a precios muy por encima a los del mercado; reportajes que han sido difundidos de manera reiterativa, dejando la sensación en la opinión pública de la culpabilidad a priori de varias de las personas citadas en dichos reportajes.
Frente a dicha situación, la institución policial ha realizado indagaciones previas sobre los hechos, y ante las evidencias y presuntas responsabilidades, adoptó las acciones correspondientes, disponiendo el relevo de los implicados en estos hechos, disponiendo de inmediato las investigaciones para determinar los grados de responsabilidad de los involucrados en dichas adquisiciones.
Las investigaciones en curso deberán servir además de poner en evidencia los presuntos actos de corrupción, para proteger la inocencia de oficiales que han sido señalados como responsables de tales anomalías, sin demostrar su responsabilidad a priori, y que, en acto de justicia, se debería amparar su presunción de inocencia hasta que las investigaciones correspondientes demuestren su vinculación y compromiso con los actos irregulares.
La propia Contraloría General ha expresado la necesidad de hacer las verificaciones correspondientes antes de establecer las responsabilidades que tuvieran que asumir los que resulten involucrados en los hechos de corrupción investigados, para así determinar con elementos y pruebas suficientes las denuncias que se deberán formular en los casos comprobados.
Que los órganos a cargo de las investigaciones asuman sus tareas y demuestren fehacientemente los actos de corrupción que se habrían cometido en la adquisición del material protector para enfrentar al Covid19, pues la Policía Nacional no debería estar expuesto a esta clase de hechos que ponen en riesgo la salud y la vida del personal comprometido en el control y fiscalización social; pero mientras tanto, no deberíamos adelantar opinión respecto a responsabilidades que no se han establecido, y que lo único que hace es poner en duda la conducta y acción de oficiales que no tienen culpabilidad en la selección y compra del material que se requiere para que los policías cumplan su deber con un mínimo de seguridad.
No estamos a favor ni protegemos actos de corrupción, mucho menos en la institución policial, pues consideramos que hechos de tal naturaleza constituyen una práctica perversa y un robo sacrílego que afecta directamente al personal policial que hace frente a la propagación de la epidemia; constituyendo un acto criminal al incurrir en este doloso acto de apropiación ilícita de fondos públicos sacrificando la salud y la vida de valerosos efectivos que día a día enfrentan la problemática que ha generado el Covid19 en nuestra sociedad.
Lamentablemente, la corrupción es un mal enraizado en nuestra realidad, de larga data en el quehacer nacional y que constituye actos de magnitud criminal, por lo que dichos acciones merecen nuestro total rechazo; por lo que demandamos una inmediata? investigación, imponiendo el máximo de castigo a quienes resulten responsables de estas nefastas prácticas y que merecen el repudio de la colectividad.
Que dichas investigaciones permitan conocer a los responsables de tales hechos , lo cual a la vez, permitirá separar la paja del trigo; de manera que, a la luz de las conclusiones de tales acciones podamos estar en condiciones de rechazar a los responsables que cometieron tales actos, pero también de rectificar y ponderar la acción de quienes demuestren su total transparencia y calidad moral frente a las acusaciones.
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