ÁNGEL DELGADO SILVA
La quinta prolongación del estado de excepción, a todo el mes de junio, objetivamente ya no responde a consideraciones de salud. La cínica retórica gubernamental es incapaz de negar el tremendo fracaso de la cuarentena sanitaria. Hace varias semanas, multitudes han hecho añicos el enclaustramiento social, a pesar del control policial. Tampoco ha amainado la tendencia de contagiados ni el número de fallecidos y prosigue el colapso hospitalario. ¡Y van tres meses de confinamiento!.
¿Por qué insistir, entonces, en una cuarentena inútil?. Porque pretexta la suspensión de los derechos a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito, de reunión y a la inviolabilidad de domicilio. ¡Por eso!. En otras palabras, la desprotección de las personas frente al Estado, impulsa a los gobernantes a perpetuar la excepcionalidad política. ¡No nos engañemos: la cuarentena es una coartada vil!
No cabe duda; la argolla palaciega se siente muy cómoda gobernando por encima de la ley, con modales policiacos, sin controles ni oposición en serio. Ello le procura una prensa doblegada ante el presupuesto y una población desmovilizada, en trance, por la pandemia. Igualmente, crecen los márgenes de arbitrariedad y la profusión de yerros olímpicos.
Ahí están primero: privilegios para funcionarios y los vehículos oficiales, “contratos Richard Swing” a granel, maltrato a médicos y enfermeras, negociados en compras estatales, excesos policiales, autorizaciones con sobornos, protocolos abusivos y hostilidad burocrática contra el público en general. Entretanto se acumulan errores colosales. Más peligrosos aún que las conductas déspotas. Porque la estupidez se entrelaza con la audacia y el mandamás circunstancial alucina que su fuerza es ilimitada y que todo será posible.
En ese sentido, omitir las implicancias socio-económicas del coronavirus fue el error principal de la estrategia oficialista. No sólo hundía la salud pública. La flagrante impericia destrozaba la economía y arrojaba a la pobreza a millones de peruanos. Y al no funcionar los bonos ni ningún apoyo social efectivo, el Gobierno condenaba al Perú informal, al 70% de la población, a morirse de hambre hacinados en sus hogares precarios. Al cabo de tres meses, el encierro obligatorio resulta insoportable.
Combinar autoritarismo poltrón con decisiones equívocas es el combustible más inflamable para la explosión social. La angustia por la sobrevivencia desespera los ánimos más apacibles. Y las torpes medidas unilaterales, dizque para evitar infecciones, como no autorizar actividades laborales o cerrar el emporio Gamarra, agotan la paciencia popular. ¿Hasta cuándo?.
El que multitudes ocupen las calles, quebrando la prohibición, revela la miopía de alcaldes sin alternativas, que por congraciarse con las autoridades estatales, igualmente despistadas, atizan el descontento cerrando instalaciones con lanzamientos y decomisos. Como nos contaba el empresario Guillermo de Vivanco: “La Victoria puede convertirse en el epicentro de la desobediencia civil”.
Lima, 9 de junio del 2020