¿También ha colapsado la administración de justicia?

Por Roberto Rendón Vásquez.

La Pandemia del COVID-19 nos encontró desprevenidos y virtualmente colapsaron los servicios de salud, economía del país, fuentes de trabajo, educación, transporte, recreación y hasta la supervivencia de grandes sectores de la población. Afectó servicios públicos prestados por entidades públicas y privadas. Pero, por falta de previsión o de capacidad gobernante , nos coge la segunda ola del virus sin haber aprendido la lección de prevenirse y las consecuencias no solamente son alarmantes, sino que están poniendo en evidencia que en Poderes e instituciones públicas han empeorado sus deficiencias en el cumplimiento de sus fines ya evidenciados desde antes que llegue la Pandemia al Perú.

No es posible en corto espacio referirse a todas. En la administración publica la atención a los usuarios y administrados es muy lenta. Los servicios hospitalarios han dejado de atender a todos los enfermos que recibían servicios de salud. La inseguridad pública se incrementa diariamente con la acción delincuencial y causan temor en las personas. No es posible prever la posibilidad de normalizar la labor en centros de trabajo afectando la subsistencia de los trabajadores y sus familias. No se garantiza aun la educación presencial. Pero a diferencia de la actividad privada no se deja de abonar los sueldos de los servidores públicos.

Desde antes de la Pandemia se informaba públicamente del gran número de causas judiciales sin resolverse en el Poder Judicial. En enero de este año – coincidente con la segunda ola del COVID-19 – en un diario limeño se informó que en Poder Judicial hay acumulados 3´300.000 de expedientes sin resolverse; son casos de desalojo, alimentos, laborales, civiles, jubilatorios. Se conoce que los justiciables generalmente son gente modesta. En materia penal es significativa la dilación en los procesos y el incumplimiento de los plazos procesales de los administradores de justicia. En tanto se incrementa la delincuencia afectando inclementemente a la población. Asombroso es que fiscales y/o jueces penales den libertad a autores de delitos antes de sentenciarlos, quienes vuelven a las calles a continuar con la comisión de delitos de “su especialidad” por lo que son vueltos a detener por la Policía. Lo expone públicamente la policía y se informa periodísticamente.

¿La Pandemia ha puesto en evidencia el colapso en la administración de justicia? Los justiciables, sus abogados y la sociedad sufren las consecuencias de esa dilación de los magistrados fiscales y jueces.

¿Qué puede hacer la sociedad frente a su autonomía que les brinda la Constitución?

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