¿Quién debe liderar la lucha contra el crimen organizado?

El Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Procuraduría General del Estado, son instituciones que frecuentemente intervienen y participan contra el Crimen Organizado, pero quien de ellas lidera o que institución de las no mencionadas debe estar al frente, porque más allá de cumplir con las funciones que dispone nuestra Constitución, al parecer el Crimen Organizado nos lleva una ventaja.

Desde antes y posterior a la entrada en vigor de la Ley N°30077, Ley contra el Crimen Organizado, se ha podido observar la existencia de conductas delictivas grupales, muchos de ellos de connotación nacional y transnacional, las mismas que son atendidas por los operadores de justicia de acuerdo a sus atribuciones, coadyuvando a dicha tarea el concurso de instituciones públicas y privadas para una lucha conjunta y frontal contra el Crimen Organizado.

Sobre esta atención, he podido advertir dos escenarios que podrían ser tomados en cuenta, la primera proviene de la estructura del Estado y la segunda es la carencia de uniformidad, protocolización de procedimientos y políticas públicas que permita una lucha homogénea contra el crimen organizado.

Desde el primero de julio del dos mil catorce, nuestra legislación relacionada a la lucha contra el Crimen Organizado, ha sufrido diversos “parches” que ha permitido superar diversos impases y no dudo que en el futuro se adopte esos mismos procedimientos, cuyo causa podría ser la dinámica del Crimen Organizado y como reacción se acostumbra a crear o modificar normas de carácter sustancial o procesal.

Sin embargo, estos “parches” como sucede en nuestra legislación no debe ser una réplica al momento de atender la estructura del Estado y en las políticas institucionales que las integran.

Si bien es cierto, antes de la vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado, no era muy claro el panorama estructural del Estado, como debía conformarse para enfrentarse al Crimen Organizado, pero a la fecha la mencionada Ley se encuentra próximo a cumplir siete años de vigencia y el Estado no ha promovido una “renovación” en su estructura, tal descuido al parecer no es advertida y si lo hizo no desea realizarlos, porque a la fecha resulta necesario.

El cambio estructural del Estado, debe darse porque en el desenvolvimiento de los actos de prevención, el Crimen Organizado estaría superando la capacidad estatal y eso se logra advertir por existencia de los delitos tan frecuentes en nuestro país como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de especies maderables, trata de personas, corrupción de funcionarios, lavado de activos, delitos informáticos, etc.

A modo de ejemplo, existen diversos delitos donde las organizaciones criminales, marcan sus rutas delictivas a nivel nacional y transnacional, superando los límites fronterizos con facilidad, pese a esta información, los escenarios delictivos se mantienen desde hace muchos años atrás, en una publicación por El País, con fecha 30.07.2020, dice: “La zona de la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil es el enclave idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Casi siempre, mujeres y niñas”. Pese a ser una información pública, el Estado mantiene el mismo “protocolo” de atención.

En cuanto a las políticas públicas, este se vuelve aun peor, para ilustrar tales dificultades, hare referencia a dos ejemplos. Primer ejemplo, el Código Procesal Penal en su artículo 230° hace referencia a la intervención de las comunicaciones y por mandato judicial es posible obtener diversas informaciones, pero la norma no señala el plazo de entrega, motivo por el cual en más de una oportunidad las Empresas Privadas de Telefonía móviles no otorgarían información oportuna, muchas veces la información llega un poco o bastante tarde, afectando las investigaciones. Segundo ejemplo, para iniciar o continuar con las investigaciones en los delitos de lavado de activos o extinción de dominio, existe dificultades muy serias para que un equipo policial o un Despacho Fiscal, -peor aún si se encuentra en provincia- tengan acceso desde su computador para conocer información patrimonial de algún integrante de una organización criminal. Estas dificultades, no proviene de una dificultad normativa, se debe a la carencia de políticas y la ausencia de un organismo estatal que lidere la lucha contra el Crimen Organizado, con capacidad de sancionar respecto de aquellas entidades del Estado y privada que incumpla con sus funciones.

En ese orden de ideas y estando cerca al Bicentenario, corresponde diseñar una política estatal que permita generar fluidez entre todas las instituciones del Estado y las privadas a fin de reducir y prevenir el Crimen Organizado que no solo es una amenaza a la democracia o la estructura del Estado, también es una amenaza a los Derechos Humanos. La pregunta, que me formulo en esta oportunidad, de seguir tales propuestas, que institución sería la encargada de liderar, dirigir, supervisar y sancionar a las otras instituciones públicas y privadas en la lucha constante contra el Crimen Organizado.

Michael García Coronel

Abogado experto en temas de Criminalidad Organizada

Por la Universidad Complutense de Madrid - España

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