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En los siglos pasados era fácil reconocer un golpe de Estado, mayormente impuestos por militares, se rompía el gobierno civil obtenido mediante representación y se tomaban las instituciones públicas. Así, no solamente ha sucedido en Latinoamérica sino en el mundo, y a veces, como producto de una corriente gubernamental, se replicaban estos actos en diversos países.
Llegado este siglo, con el desarrollo de los derechos humanos, de la justicia internacional, de la demarcación de precedentes sobre dichos actos, y de la desaprobación de los mismos por experiencias costosas, es que algunos matices han variado; ahora, se tratan de teñir de mayor legitimidad, buscan algún mote jurídico, algún burócrata que preste su apellido para anunciarlo o quererlo justificar, algunos políticos indoctos o en alquiler que expandan arengas a favor tal vejamen, sectores sociales que por impulso o mentidos por la necesidad lo respalden, periodistas que sean genuflexos, algunos académicos que duden dolosamente para ganarse los favores que la política brinda, y un silencio de alguna organización internacional que cada vez actúan con menos honestidad.
Podrán variar los matices, de donde ahora gangrenen, de la izquierda o derecha, pero en el fondo su gen es el mismo, son golpes de Estado, los mismos que desbaratan la democracia, que involucionan el poco avance de nuestros pueblos, que maltratan las instituciones como esteras de su clientelismo despreciable, desfiguran los derechos humanos, y corroen la moral social.
Con esas características, es penoso que aún no se explique a la población, o esta no entienda, que lo efectuado el siete de diciembre del año pasado por el señor Pedro Castillo fue un golpe de Estado, aunque haya durado menos de dos horas, se haya efectuado con una estupidez cómica, sus felpudos hayan dudado en renunciar, o hasta en su huida nos demostrase el transitorio dictador que hasta en eso fue un incapaz crónico; pero, se tiene que reconocer con determinación y valentía que a los golpes de antes y los de hoy hay que llamarles por su nombre, y a los que lo ejecutan no solo les debe acarrear una sanción legal sino el desprecio histórico por sus actos ignominiosos.
