La “CIDH” y el problema de la educación jurídica

Dr. José Mario Azalde León (Universidad Católica Argentina)

La postmodernidad, como crisis epocal que pone en cuestión los fundamentos de la realidad, produjo un enorme impacto en el derecho. Inmersos en la identificación de los elementos que determinan la denominada “batalla cultural” en el ámbito político, se soslaya la importancia de esta en el ámbito legal. La crisis de los fundamentos abre la puerta a las ideas más disparatadas[1] y que, pasando bajo el filtro contemporáneo del “buenismo”, terminan causando un impacto negativo y peligroso para el derecho.

En ese sentido, aparecen nuevos paradigmas que son asumidos acríticamente tanto por la academia como por los operadores judiciales: garantismo, neoconstitucionalismo, abolicionismo, etc. En esta dinámica, la novedad marca el criterio: cualquier corriente o idea constituye, per se, un avance.

¿Somos unos acomplejados, jurídicamente hablando? Cuando llega Zaffaroni, verbigracia, más de un colega se le tira encima para cargarle las maletas. En los “eventos jurídicos”, se lo califica de eximio maestro, excelso jurista, ilustre filósofo del derecho. Acomplejados, sobones o huachafos, esa son las actitudes del colega promedio. Yo, particularmente, no trato de forma despectiva a quien me invita “a dialogar con el maestro”. Más bien, lo miro con ternura, como se suele mirar a los idiotas o a los burócratas.

Así, toda novedad es tomada como un avance, un desarrollo. Subyace, sin saberlo, en esa mirada inocente del coleguita, la idea “ilustrada” del progreso permanente como una ley de la historia. Por ello, considero que la crítica realizada a la CIDH (Comisión IDH-Corte IDH, o lo que constituye el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) solo se queda en el epifenómeno del asunto y en advertencia letrada dentro de la discusión política.

El rol de la CIDH debe ser discutido esencialmente en las universidades. El problema, retornando a lo sostenido inicialmente, es que en la mayoría de las universidades se toma la novedad como la pauta, sin valoración alguna de los fundamentos teóricos o iusfilosóficos. Todo ello es consecuencia nefasta de las reformas a las mallas curriculares que, por exigencias del mercado, se orientan a eliminar los mal denominados “cursos de relleno” como historia, filosofía, ciencia política, para incluir otros que supuestamente coadyuvan al mejoramiento “de la productividad” como administración de negocios, marketing, liderazgo, etc. Es decir, el insumo que le permite al alumno desarrollar una adecuada conciencia crítica, es retirado en aras del mejoramiento del futuro abogado con orientación mercantilista, un técnico del derecho. La aspiración ya no es el ser un jurista. Ante la ausencia de la conciencia crítica, es decir, de todas aquellas herramientas que le permiten tener una visión crítica de la realidad social y jurídica, el futuro abogado se vuelve un mero repetidor de normas. Como sostuvo hace unos años Luis María Bandieri, la ciencia jurídica deja de ser arte y se convierte en mera “nomología”.

Ojalá que la crítica a la CIDH sea el inicio para generar espacios de discusión sobre la educación jurídica y la formación del abogado del futuro.

[1] Un ejemplo lo ofrece Peter Singer cuando afirma: «Si otorgamos derechos básicos a todos los seres humanos, no podemos negarles derechos a los grandes simios». Del animalismo a las teorías feministas radicales, del neomarxismo a los Critical Legal Studies, consideramos que el problema radica en asumir como verdad, sin cuestionamientos críticos, tales teorías.