Parte de Guerra: la JNJ contra la FN

No todos los instrumentos que la Constitución ha incorporado en su texto están destinados a ser usados de forma regular y cotidiana. Teresa May, en ese momento jefe de gobierno del Reino Unido por ser la presidenta del Partido Conservador, con mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, presentó a los diputados de su partido su “plan de salida” de la UE, trabajosamente negociado durante largos meses. Al comprensible rechazo del partido opositor, se sumaron numerosos conservadores que lograron la desaprobación de la propuesta de su propia jefa. Ella, en lugar de plantear una Cuestión de Confianza frente a la indisciplina de sus subordinados, prefirió renunciar a la presidencia del partido, lo que trajo como consecuencia la caída de su gabinete, pero evitó unas elecciones anticipadas que pudo haber ocasionado la derrota de los candidatos conservadores. En política, la racionalidad debe predominar sobre la emotividad, la lealtad a la venganza.

Por ello, observamos con preocupación el uso de la Cuestión de Confianza para intimidar a una mayoría parlamentaria elegida con distintos, e incluso opuestos, programas de gobierno y perspectivas ideológicas; no existe otro objetivo en plantear la CdC, tratándose de un presidencialismo multipartidario, que imponer antidemocráticamente proyectos o medidas contrarias al mandato político que los electores han entregado a sus representantes. La respuesta fue la vacancia por incapacidad permanente, reservada para casos gravísimos que hagan evidente la absoluta indignidad personal para ejercer la presidencia de la República. Y es que, desde que el terrorismo y la hiperinflación agredieron a la sociedad peruana, se dejó de dialogar y de buscar acuerdos fundamentales entre las principales fuerzas políticas, propiciándose el odio al adversario, cuando no la persecución, la cárcel, e incluso la muerte.

En ese contexto se debe encuadrar la pugna entre la Fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia. La fiscal Benavides ha roto la disciplina “progre” al interior del Ministerio Público, propiciando investigaciones contra Vizcarra y Castillo, lo que condujo a la desesperación del entorno del golpista y la caída del sector más corrupto de la izquierda nacional. En respuesta, la JNJ amenaza a la fiscal con destituirla con varias investigaciones por denuncias de dudosa validez, mientras ratifica a jueces y fiscales asociados a las mismas inconductas que motivaron, en sus “adversarios”, la destitución y el escarnio público. El Congreso ha decidido intervenir, permitiendo que la Comisión de Justicia investigue a los miembros de la JNJ por denuncias que, si son debidamente sustentadas y apoyadas por 2/3 de la totalidad del Congreso, provocarían la destitución de uno o de varios miembros de la JNJ, en virtud del artículo 157 de la Constitución. En tanto, la fiscal ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial para que se delimite las competencias de la institución nacida por el impulso de Vizcarra, y la obligue a respetar las atribuciones de la Fiscalía de la Nación, referidas al gobierno institucional del Ministerio Público.

Es fácil comprobar en redes sociales y en medios de comunicación la desesperación que la fiscal provoca en los políticos y expertos en consultorías vinculados a los tres últimos gobiernos izquierdistas. Su permanencia podría significar el fin de la impunidad de tantos implicados en delitos de corrupción referidos a las constructoras brasileñas. No me refiero a los aportes irregulares a campañas electorales, que no constituía delito, sino a los miles de millones de dólares que el Perú ha perdido por grandes proyectos inservibles, mal diseñados, o simplemente no finalizados. El panorama no permite optimismo alguno, es impensable generar un clima de concertación y tolerancia mientras unos luchan por mantener u conquistar espacios de poder, y otros para evitar ser sentenciados por una justicia independiente.