Como muchas instituciones de raigambre internacional, la hoy Comunidad Andina ha tenido aciertos y desaciertos, períodos de lucidez institucional y otros de falta de rumbo, como también tiempos de ascenso y otros de simple e irrelevante existencia, porque los países que la integran no se dieron el trabajo de su funeral.
La Comunidad Andina este año, cumple cincuenta y cinco años de existencia, la convención constitutiva fue suscrita el 26 de mayo de 1969, como Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena y ella se pudo lograr por el empeño puesto por don Vicente Cerro Cebrián y luego por ilustres peruanos como Enrique Torres Llosa, entre otros.
La entidad internacional a la que nos referimos ha estado los últimos años prácticamente a la deriva, muriendo de a pocos y perdiéndose la voluntad integradora de los años aurorales.
Felizmente son dos peruanos que la están sacando del ostracismo en que se encontraba, uno de ellos el embajador y excanciller Gonzalo Gutiérrez Reinel, quien actualmente ejerce la Secretaría General de la Comunidad Andina y, el otro, nuestro actual canciller o ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, quien le ha dado el impulso y revitalización que requería, al propiciar el novísimo “Plan de Acción Resolutivo” que acaban de suscribir los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Plan en cuestión, es una respuesta conjunta al avance en nuestros países del crimen organizado, del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas, de la minería ilegal, del tránsito fronterizo informal, del tráfico de armas y explosivos, entre otras acciones delictuosas.
El contenido del plan es ambicioso pero posible de ejecutar si es que los países miembros le ponen interés y ánimo de permanencia en el tiempo. Consta del compromiso de reforzar los puestos fronterizos, intercambio de información sobre prontuariados que faciliten impedirles el paso a otros países de la Región Andina, fortalecer los controles aduaneros, planificación de acciones comunes para enfrentar el daño que hace la minería ilegal, intercambio de información de inteligencia para luchar contra el narcotráfico, operaciones policiales y militares coordinadas para confrontar ilícitos trasnacionales, capacitación conjunta especial para las tareas contra tales ilícitos, establecimiento de la Red Andina de Seguridad 247 y el Observatorio Regional Andino de Seguridad.
Adicionalmente se convino en revisar y evaluar el marco normativo para adecuarlo a los requerimientos esenciales de inteligencia común, así como la compilación comparativa y sistematizada de la normativa interna de los Países Miembros en materia penal. Consideramos que en estas tareas podría contribuir el Parlamento Andino, que hoy cuenta con parlamentarios peruanos que desean termine su sueño casi perpetuo y propongan a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, legislación tipo en diversas materias significativas, para que puedan ser incorporados a sus legislaciones nacionales.
Es destacable, que pese al sesgo ideológico de los actuales gobiernos de Bolivia y Colombia, la cancillería peruana haya sido lo suficientemente inductiva para lograr que ambos países estén incorporadas al Plan de Acción Resolutivo, del que tanto se espera.
5 Junio, 2020
26 Enero, 2022
26 Noviembre, 2022
