El narcotráfico se ha vuelto un problema transversal para todos los partidos políticos e instituciones públicas, que deben enfrentar la infiltración de mafias y organizaciones delictivas de todo tipo, que buscan esconderse bajo el disfraz de un empresario, militante o aportante a una causa política.
En lugar de que los partidos políticos y autoridades públicas tomen medidas más serias para frenar esta situación, estos casos se usan como armas de ataque contra el enemigo político. Así, en lugar de centrar sus fuerzas en erradicar al narcotráfico del sistema político, todos se pierden en el descrédito. Ninguna institución o partido parece estar a salvo de los narco infiltrados.
El APRA y el caso Gerald Oropeza. Este viene siendo aprovechado por los enemigos del partido de la estrella, que pretenden vincularlo con una red de narcotráfico de cara a las elecciones de 2016; la estrategia empezó con los “narco indultos” y ahora son “los narco apristas”. Ahora sabemos que Oropeza pretendía formar su propia agrupación política, lo que revela que su verdadero interés era ampliar su red criminal bajo la fachada de cualquier agrupación política.
Fuerza Popular y el caso Danilo Silva Sánchez – Orlando Tapia Olivares. Este último fue candidato a la alcaldía de Barranca en representación del fujimorismo; ambos vinculados al narcotráfico. La policía logró capturarlos cuando intentaban transportar 500 kilos de droga en el camión del aspirante municipal.
Entre los casos anteriores que se vincularían con el fujimorismo, estarían los aportes del empresario Luis Calle Quirós, acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavar “narcodólares” de la mafia colombiana. Y está además el caso “Limatrans” y “Limasa”, en cuyos almacenes se encontró 100 kilos de cocaína; entre sus principales accionistas figuraba el congresista Kenji Fujimori.
A estas denuncias habría que añadir el caso del avión presidencial en el gobierno de Alberto Fujimori, en que se encontró 196 kilos de droga en su interior con destino a Rusia.
Perú Posible y Rodrigo Torres. Tal vez uno de los casos más espectaculares. José León, congresista de esta agrupación política, le había alquilado la casa al narcotraficante mexicano en Huanchaco, Trujillo. La policía logró incautar siete toneladas y media de cocaína vinculadas a Torres.
Lourdes Flores y César Cataño. La polémica surgió cuando se difundió que la ex candidata a la alcaldía de Lima y lideresa de Unidad Nacional, habría trabajado para dicho empresario, investigado por narcotráfico. Lourdes Flores denunció que se trataba de un montaje “montesinista”.
El Nacionalismo y Nancy Obregón. Este última, congresista nacionalista por la región San Martín, habría tenido vínculos con el narcotraficante Anciar Avendaño Posada, alias “Gringo”. Obregón y su esposo habrían desarrollado esta ilícita actividad en Tocache. Chávez Peralta, ex pareja de Obregón, fue condenado a 20 años de prisión. La lideresa cocalera guarda silencio en su celda.
Es importante que se diseñe o ajuste una mejor estrategia para identificar los vínculos del narcotráfico en el sistema político así como las redes criminales en las instituciones públicas del Estado, recordemos solo el caso Orellana. Sin embargo, todos parecen más preocupados en desprestigiarse unos contra otros, en eliminar al rival político mediante la prensa. Asociar la política con el narcotráfico solo desacredita más a la actividad política. Hace falta depurar padrones en todos los partidos.
Mientras tanto, el narcotráfico avanza, se infiltra en las filas de los partidos y acrecienta su red delictiva. A este paso, si no ponemos freno, el crimen terminará infiltrándose en los clubes patronales y las Apafas del colegio.
@ArturoValverdeP
