El 12 de abril de 2026 el Perú enfrentará uno de los procesos electorales más grandes y complejos. Ese día más de 27 millones de ciudadanos, junto a una diáspora estimada en 3.5 millones de peruanos en el extranjero, acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades. La magnitud del operativo es colosal: cerca de 92 mil mesas de sufragio serán instaladas en unos 10 mil locales, y más de 800 mil ciudadanos cumplirán funciones como miembros de mesa. La cédula de votación tendrá dimensiones comparables a un periódico abierto y contendrá los nombres de 117 fórmulas presidenciales, alrededor de 3,000 postulantes al Senado y más de 6,000 al Congreso. Nunca antes el país había presenciado semejante despliegue de candidatos y cargos en disputa.
Esta abundancia de opciones, que a primera vista podría interpretarse como un signo de pluralismo democrático, en realidad es síntoma de un sistema fragmentado y debilitado. Los partidos políticos, lejos de consolidarse como organizaciones sólidas con propuestas de largo plazo, aparecen como vehículos circunstanciales de liderazgos personales. La ciudadanía, en lugar de recibir propuestas claras y coherentes, se encuentra sumida en un mar de mensajes dispersos y campañas improvisadas que muchas veces se limitan al ruido de promesas inviables. En este contexto, la democracia corre el riesgo de convertirse en un rito formal, donde el acto de votar se percibe como un trámite más que como una verdadera oportunidad de cambio.
La discusión sobre la incorporación del voto digital ha agudizado la desconfianza. La Oficina Nacional de Procesos Electorales defiende la necesidad de modernizar el sistema y de facilitar el sufragio a todos los ciudadanos, pero el Jurado Nacional de Elecciones ha advertido que experiencias internacionales como la de Estonia requirieron entre cinco y veinte años para construir un modelo confiable, y que incluso allí el alcance sigue siendo parcial. El problema central radica en que la ONPE no solo diseña el sistema, sino que también asume su supervisión, lo que genera la percepción de un “juez y parte” que se fiscaliza a sí mismo. La primera licitación para contratar una auditoría externa fracasó, y ese revés alimenta todavía más la desconfianza.
En un país donde la narrativa del fraude se instala con facilidad y donde la desafección política avanza con rapidez, la confianza se ha convertido en un recurso escaso y al mismo tiempo indispensable. No basta con proclamar transparencia, hay que demostrarla con hechos verificables: auditorías independientes, protocolos públicos de seguridad digital, simulacros supervisados por entes externos y campañas pedagógicas que expliquen a los ciudadanos cuáles son los riesgos y qué medidas se toman para mitigarlos. La legitimidad del proceso no dependerá de la rapidez con que se transmitan los resultados, sino de la solidez de las garantías que se ofrezcan para que estos sean aceptados por todos.
El 2026 no puede convertirse en otro capítulo de sospechas y confrontaciones. La democracia peruana necesita recuperar sentido y ello pasa por un proceso electoral que no se conforme con organizar una logística monumental, sino que logre transformarla en confianza real. Solo así el acto de votar dejará de ser una rutina y volverá a ser un acto de esperanza.
