¿Qué modelo de pensiones necesita un país informal?

Silvana Pareja

En el Perú, cada cierto tiempo regresa la misma inquietud: ¿tiene sentido seguir sosteniendo el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)? La pregunta ya no es exclusiva de expertos en economía, sino parte del debate ciudadano y, sobre todo, de las preocupaciones de una juventud que ve en la jubilación más incertidumbres que certezas.

Cuando fueron creadas, las AFP prometían un futuro de tranquilidad para los trabajadores formales: ahorro individual, rentabilidad en el tiempo y pensiones dignas. Sin embargo, tres décadas después, la realidad contradice esas promesas. El problema no está solo en los montos que finalmente reciben los jubilados —muchas veces inferiores a los S/ 1,200—, sino en el hecho de que la mayoría de peruanos ni siquiera llega a aportar. Según cifras del INEI, el 70,7% de la población ocupada vive en la informalidad. Esto significa que más de dos tercios del país ya está excluido del sistema desde el inicio.

La precariedad laboral refleja, además, una fuerte desigualdad educativa. Entre quienes solo alcanzaron la primaria, el 94,4% trabaja en condiciones informales; entre quienes concluyeron secundaria, la cifra llega al 81,2%. Incluso con educación superior, los números no garantizan estabilidad: 61,1% de informalidad entre universitarios y 43,8% entre quienes pasaron por institutos. En otras palabras, el sistema previsional peruano se apoya en una base frágil: un mercado laboral formal que, en la práctica, no existe.

Por eso, reducir la discusión a “eliminar o mantener las AFP” es insuficiente. El verdadero reto es pensar en un modelo de seguridad social que responda a la estructura productiva del país y que no deje fuera a millones de trabajadores independientes, informales o temporales. Las AFP, en su forma actual, son una opción que solo funciona para una minoría. El dilema es si queremos mantener un esquema excluyente o diseñar uno que garantice derechos para todos.

Los jóvenes de hoy lo entienden bien. La jubilación dejó de ser una promesa confiable y pasó a convertirse en un terreno incierto. La prioridad está en sobrevivir al presente: pagar estudios, emprender, sostener a la familia. La idea de entregar el futuro a una cuenta de AFP que no asegura estabilidad resulta poco atractiva. Muchos optan por alternativas como el ahorro independiente, la inversión en educación, el emprendimiento o incluso la adquisición de bienes que representen un patrimonio más tangible.

De ahí que la pregunta “¿deben morir las AFP?” quizás deba transformarse en otra: ¿cómo garantizamos que jubilarse no sea un privilegio? La solución pasa por reconocer la diversidad del país y aceptar que no todos pueden, ni podrán, aportar de manera regular a un sistema individualizado. Tal vez la clave esté en un esquema mixto, donde convivan las AFP, un fondo público solidario y mecanismos de ahorro flexibles que no excluyan a la mayoría.

El tiempo apremia. El debate sobre las pensiones no es solo técnico, es también político y social. Si el Perú no asume la tarea de rediseñar su contrato previsional, las futuras generaciones no verán en la jubilación un derecho, sino un lujo imposible. Y eso es algo que un país con vocación de justicia no puede permitirse.