Oh no: ¿otra vez de vuelta al terrible pasado?

Por: Dennis Falvy

Después de la horrible hiperinflación de los 80´s; ´este Congreso de lo peor, el ejecutivo y esa porquería de Petroperú, entre otros males, como un inmenso exceso de burocracia  y 70% de mercado laboral informal;  es que el Perú por estas lacras, enfrenta un retorno al péndulo macroeconómico del pasado.

Durante varios años, se tuvo una disciplina fiscal inédita y una reducción sostenida de la deuda pública, lo que llevó a pensar que el país había dejado atrás la vieja maldición de los ciclos de péndulo macroeconómico que nos agobiaban recurrentemente.

El Profesor Baca trata este espinoso tema.

Señala un OK para el BCRP pero raja de la política fiscal que ha bosquejado un camino ascendente de la deuda pública a partir del 2016 , que fue la clarinada de alerta  ignorada por sucesivos gobiernos con el argumento de que el nivel de nuestra deuda era muy baja, cosa que es una falacia.

Hoy el deterioro y pese a las advertencias va in crescendo, alimentado por infames e irresponsables decisiones legislativas que incrementan el gasto permanente sin financiamiento, lo que traerá de vuelta  el  ciclo que el Perú conoce demasiado bien: déficits crecientes, endeudamiento acelerado, presiones inflacionarias y, finalmente, recesión.

Esta advertencia la esgrime el Consejo Fiscal que señala su “profunda preocupación por la continua aprobación de leyes que comprometen la sostenibilidad fiscal, incrementando significativamente las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo”. En apenas tres sesiones del pleno del Congreso se aprobaron once normas que generan obligaciones permanentes de gasto. Entre ellas destacan la nivelación de pensiones de maestros, la modificación del régimen pensionario militar y policial y la concesión de gratificaciones y CTS a trabajadores CAS. Increíble el populismo y la votación mayoritaria de casi todos los congresistas algunos incluso se abstuvieron o no acudieron a su deber, ni de manera virtual. Pobres diablos.

El costo anual podría llegar a S/ 15 mil millones, es decir, alrededor de 1.35% del PBI. En un país cuya recaudación tributaria ronda el 14% del PBI, estos porcentajes no son menores: representan presiones permanentes sobre un presupuesto ya tensionado. A ello hay que sumar los crecientes fondos públicos asignados a Petroperú sin mediar un plan viable de solución y un presidente al paso con largos 84 años  que parece no tener claridad en nada de finanzas.

El Consejo Fiscal ha advertido que varias de las normas recientemente aprobadas entran en vigor con el año ya iniciado, lo que podría elevar el gasto público en alrededor de S/ 6.5 mil millones sólo en el 2026.Ello es un incremento similar del déficit fiscal previsto en el Marco Macroeconómico Multianual, trasladando el resto del impacto a los años siguientes y erosionando el sendero de consolidación fiscal comprometido por el propio Estado.

El colmo es que el Congreso y el Ejecutivo han ignorado abiertamente la regla fiscal que prohíbe aprobar incrementos en el gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año electoral. El Consejo Fiscal señala que  se trata de una “gravísima vulneración al marco macro fiscal”. La meta de reducción gradual del déficit hasta alcanzar el 1% del PBI, tal como lo establece el Marco Macroeconómico Multianual es absolutamente imposible.

La Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, lo que debería llevar al Ejecutivo a recurrir al Tribunal Constitucional frente a aquellas leyes que generan aumentos permanentes del gasto y comprometen recursos futuros.

El Perú ya ha transitado antes por este camino, donde la laxitud fiscal abre la puerta a desequilibrios cada vez mayores. Lo que hoy se presenta como una excepción, justificada por presiones políticas o coyunturas específicas, lo que puede convertirse mañana en una dinámica difícil de revertir. Y es en ese punto donde el péndulo, que parecía inmóvil, comienza nuevamente a moverse.

Durante los años setenta, el déficit fiscal se disparó y trajo consigo el aumento de la deuda pública y la inflación y arrastró consigo al crecimiento económico, que comenzó a alternar periodos de estancamiento con bruscas caídas del PBI real. En 1976, el déficit alcanzó el 10.5% del PBI y la deuda pública saltó a 34.5% del producto; un año después, con un desequilibrio similar, la deuda escaló a 44.8%. La situación se agravó en 1983, cuando el déficit trepó a 11.6% del PBI y la deuda se elevó a 56.2%, en medio de una recesión profunda que marcó a toda una generación.

La terrible hiperinflación de fines de los ochenta no surgió de la nada; fue la consecuencia directa de déficits financiados primero con deuda y luego con emisión monetaria, cuando el país perdió acceso al crédito externo. Ese desorden fiscal terminó por desbordar al Banco Central y hundió a la economía en la peor crisis de su historia republicana.

Y es que cuando el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda, necesita financiar ese exceso. Si los ingresos tributarios no aumentan y el gasto no se ajusta, la deuda se convierte en la única válvula de escape y ello es nefasto y tiene límite.

 En ese punto, la tentación de financiar el déficit con emisión monetaria se vuelve irresistible. La política monetaria del BCRP se vuelve inoperante y la inflación aparece como un impuesto encubierto que castiga a los más pobres.

El Perú ya vivió ese proceso y la hiperinflación superó el 7,000% anual y una recesión devastadora.

Ello fue la consecuencia directa de un Estado que gastó más de lo que podía financiar y que ignoró las señales de alerta.

Hoy, aunque el contexto es distinto, las señales vuelven a aparecer y Baca menciona todo lo que se viene, por ejemplo  en planillas y pensiones, S/ 11.2 mil millones, equivalente a 1% del PBI, muy por encima de lo previsto en el Marco Macroeconómico Multianual. Además, señala que estas presiones se suman a un presupuesto que ya excede “en varias veces al promedio histórico” y que probablemente generará “nuevos incumplimientos de las reglas fiscales”.

Esto además afecta la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias. El Consejo Fiscal lo ilustra con: el costo anual de las medidas aprobadas equivale a 8.6 veces el presupuesto de “Pensión 65”, 7.7 veces el presupuesto de becas educativas y 4.4 veces el programa de alimentación escolar. En otras palabras, cada sol destinado a financiar beneficios permanentes para grupos específicos es un sol que se deja de invertir en capital humano, infraestructura y reducción de la pobreza. Algo de correr por sus percances hasta sociales.

Y ya ni que decir que los ingresos tributarios del gobierno central representan apenas 14.4% del PBI, una de las presiones tributarias más bajas de la región muy por debajo de la presión fiscal que teníamos en 1997 y a pesar de que 2025 fue un año con extraordinarios precios de nuestros minerales. La evasión del IGV supera el 30%, el impuesto a la renta de personas naturales recauda menos del 2% del PBI y la informalidad laboral supera el 70%. En un año electoral, ningún candidato propondrá aumentar impuestos. Por tanto, el déficit deberá financiarse con deuda. Pero la deuda no puede crecer indefinidamente sin consecuencias.

La deuda bruta ha mostrado una ligera reducción después del pico de la pandemia, pero esto no se debe a una consolidación fiscal, sino al uso de fondos de estabilización y otros activos financieros acumulados en años previos . La deuda neta, que descuenta esos activos, ha seguido aumentando. Es decir, el país está consumiendo sus ahorros para evitar endeudarse más, pero no los está reponiendo. Eso es terrible y engañador El maquillaje de la Deuda Pública no puede continuar indefinidamente, cuando esos fondos se agoten, el déficit deberá financiarse íntegramente con nueva deuda, y el margen de maniobra se reducirá aún más y vendrá el caos.

Es una regla que los ajustes oportunos son adecuados y que  la inacción tiene un costo económico y social mucho mayor que la responsabilidad fiscal.

Frente a este panorama, la única salida sostenible es una consolidación fiscal acompañada de una reforma tributaria integral y ello es modernizar el sistema tributario para hacerlo más eficiente, más equitativo y compatible con la formalización laboral. El Perú necesita una estructura tributaria que amplíe la base, reduzca la evasión, combata el contrabando y fortalezca la administración tributaria. También requiere integrar las contribuciones a pensiones y salud en un sistema más simple y menos regresivo, que disminuyan los sobrecostos laborales, que incentive la formalidad y garantice sostenibilidad actuarial. Y estoel Dr baca ya lo ha planteado anteriormente Ver: https://prediceperu.com/2026/03/28/linterna-de-popa-537

El Perú ya vivió un camino siniestro  y conoce su desenlace. Hay que hacer lo que hay que hacer, sin dudas ni murmuraciones y coin gente capaz que filtre a tanto político y demás que sin duda son enemigos del pueblo peruano actual y futuro. ¿Se tendrá la la voluntad política para evitar repetir la pesadilla que vivimos con la hiperinflación y demás hierbas?

Ver: https://prediceperu.com/2026/03/28/linterna-de-popa-537/