Crisis energética: el problema no es energético, es estratégico

José Mario Azalde León Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA-Argentina)

La discusión sobre la política energética en el Perú necesita un cambio de eje. Durante los últimos años, el debate ha sido conducido principalmente desde una lógica técnica o ambiental, en la que predominan categorías como sostenibilidad, transición energética o cumplimiento de compromisos internacionales. Sin desconocer la relevancia de estos elementos, lo cierto es que ese enfoque ha desplazado una pregunta previa y decisiva: ¿cuáles son los intereses nacionales que la política energética debe proteger?

El problema no es menor. Cuando la discusión se estructura exclusivamente en torno a estándares globales o metas ambientales, se corre el riesgo de diseñar políticas formalmente correctas, pero estratégicamente débiles. La energía no es solo un sector económico ni un ámbito regulatorio más. Es, ante todo, un factor estructural de poder que condiciona la capacidad del Estado para sostener su funcionamiento, garantizar la estabilidad económica y asegurar condiciones mínimas de vida para la población.

Desde esta perspectiva, la política energética no puede analizarse al margen de las dinámicas geopolíticas, es decir, el acceso, control y distribución de los recursos energéticos atravesados por relaciones de poder, dependencia y competencia entre Estados. Ignorar esta dimensión equivale a despolitizar una de las áreas más sensibles de la acción estatal. En términos prácticos, implica renunciar a comprender cómo las decisiones energéticas pueden aumentar o reducir la vulnerabilidad del país en escenarios de crisis.

En el caso peruano, esta omisión resulta particularmente problemática. La estructura energética presenta niveles relevantes de concentración y fragilidad, tanto en la infraestructura como en las fuentes de suministro. Episodios recientes han puesto en evidencia que la continuidad del sistema puede verse comprometida por factores técnicos, sociales o territoriales. Sin embargo, estas situaciones suelen ser tratadas como contingencias aisladas y no como síntomas de una vulnerabilidad estructural que requiere una respuesta estratégica.

Aquí es donde la noción de interés nacional debe recuperar centralidad. En materia energética, ello supone al menos tres objetivos básicos: asegurar la continuidad del suministro, reducir la dependencia de fuentes únicas o altamente concentradas y fortalecer la capacidad del Estado para responder ante escenarios adversos. Estos objetivos no son meramente económicos; están directamente vinculados con la estabilidad del sistema político y la continuidad del orden constitucional.

El predominio del paradigma climático ha contribuido, en cierta medida, a desplazar esta discusión. No porque la agenda ambiental carezca de importancia, sino porque su relevancia ha tendido a subordinar otras variables igualmente críticas. En particular, ha promovido una aproximación en la que la política energética se evalúa principalmente en función de su alineamiento con estándares internacionales, dejando en segundo plano su contribución a la seguridad y autonomía del Estado.

Reordenar el debate no implica negar la dimensión ambiental, sino situarla en su lugar adecuado. La sostenibilidad es un objetivo relevante, pero no puede convertirse en el único criterio rector. Antes que ello, la política energética debe ser evaluada en función de su capacidad para reducir vulnerabilidades estructurales y garantizar la continuidad del sistema en contextos de incertidumbre.

Este cambio de enfoque exige, además, abandonar la idea de que las decisiones energéticas son esencialmente técnicas. En realidad, se trata de decisiones profundamente políticas, en las que se define cómo se distribuye el poder, qué riesgos se asumen y qué nivel de autonomía se está dispuesto a preservar. En ese sentido, la diversificación energética deja de ser una opción deseable para convertirse en una necesidad estratégica.

Sin una identificación clara de los intereses nacionales y de las dinámicas geopolíticas que condicionan el sistema energético, cualquier política estará expuesta a una contradicción de fondo: podrá cumplir con estándares formales y, al mismo tiempo, aumentar la vulnerabilidad del país. El desafío, por tanto, no es solo técnico ni ambiental. Es, ante todo, un problema de definición estratégica del Estado frente a un entorno internacional cada vez más incierto.