El canon energético: Una necesidad para transformar la matriz energética del Perú

Dr. José Mario Azalde León

La reciente crisis energética en el Perú no debe ser entendida como un episodio coyuntural derivado de una falla técnica. Es, en realidad, la manifestación de un problema más profundo: la fragilidad estructural de un sistema energético que durante años privilegió la eficiencia de corto plazo sobre la resiliencia de largo plazo.

El Perú no es una economía que compita (en el corto y mediano plazo) por escala ni por sofisticación industrial. Su principal activo ha sido la estabilidad: baja inflación, disciplina macroeconómica y previsibilidad relativa. Sin embargo, esa estabilidad descansa sobre supuestos que hoy han quedado en entredicho. Entre ellos, uno fundamental: la continuidad operativa de su sistema energético que tracciona todas las actividades económicas esenciales.

La dependencia de un nodo crítico como Camisea ha revelado los límites de ese modelo. Cuando el sistema falla, el impacto no es sectorial, sino sistémico: se encarece la electricidad, se tensiona el transporte, aumentan los costos productivos y, finalmente, se traslada presión inflacionaria al conjunto de la economía. La crisis no es solo energética; es macroeconómica.

Pero esta vulnerabilidad no es accidental. Es el resultado de decisiones acumuladas. Durante años, el acceso a gas natural a un relativo bajo costo generó un efecto de dependencia estructural en el sistema energético peruano. La disponibilidad de una fuente abundante, barata y de rápida implementación desplazó inversiones en otras tecnologías, particularmente en infraestructura hidroeléctrica y en energías renovables no convencionales. El resultado fue un sistema eficiente en el corto plazo, pero insuficientemente diversificado para enfrentar contingencias.

El Perú, en otras palabras, confundió una ventaja coyuntural con una estrategia estructural.

En este contexto, el debate sobre el canon adquiere una relevancia central. El país dispone de recursos fiscales significativos provenientes de la explotación de sus recursos naturales, que podrían ser utilizados para cerrar brechas críticas en infraestructura energética. Sin embargo, la gestión actual del canon revela una paradoja preocupante: mientras existen los recursos, no existe una estrategia que permita transformarlos en capacidad energética real.

Los gobiernos regionales y locales, principales receptores del canon, han administrado estos recursos bajo una lógica fragmentada, con altos niveles de subejecución y una marcada dispersión en proyectos de bajo impacto. En lugar de financiar infraestructura estratégica, el canon ha sido orientado hacia intervenciones aisladas, muchas veces guiadas por incentivos políticos de corto plazo. El problema, por tanto, no es solo de eficiencia, sino de gobernanza.

Esta situación impide la construcción de una política energética nacional coherente. La descentralización fiscal no ha sido acompañada de mecanismos efectivos de coordinación, lo que dificulta la ejecución de proyectos de gran escala y limita la capacidad del Estado para planificar su matriz energética. El resultado es un sistema en el que los recursos existen, pero la capacidad de transformarlos en infraestructura es limitada.

Sin embargo, el canon sigue siendo una herramienta clave. No solo para financiar hidroeléctricas, sino para impulsar una matriz energética diversificada que incluya energía solar, eólica y geotérmica. El potencial del Perú en estas fuentes es extraordinario y ampliamente superior a su demanda actual. La limitación no es técnica ni económica, sino institucional.

El problema es que el canon no ha sido concebido como un instrumento de transformación estructural, sino como un fondo de gasto descentralizado. Revertir esta lógica requiere un cambio de enfoque. No se trata de recentralizar recursos, sino de integrarlos en una estrategia nacional que articule niveles de gobierno, sector privado y planificación de largo plazo. El canon debe convertirse en un mecanismo de apalancamiento: reducir riesgos, atraer inversión y viabilizar proyectos que, de otro modo, no se ejecutarían.

La construcción de una política energética nacional exige, por tanto, el compromiso activo de las regiones. No como ejecutores aislados, sino como actores integrados en una estrategia común. Sin ese alineamiento, el país seguirá atrapado en un modelo en el que la abundancia de recursos coexiste con la fragilidad del sistema.

La crisis actual debería ser leída como una advertencia. No solo sobre la vulnerabilidad de la infraestructura energética, sino sobre las limitaciones de un modelo de gestión pública que no logra convertir renta en desarrollo. Sin seguridad energética, la estabilidad macroeconómica del Perú se vuelve insostenible.

Porque, en última instancia, el problema no es que el Perú se haya quedado sin gas. El problema es que no construyó alternativas cuando aún tenía margen para hacerlo.