¿La delincuencia es imbatible?

Por Roberto Rendón Vásquez.

Cotidianamente en primeras e importantes páginas de los periódicos y en noticieros radiales y televisivos, se informa de asesinatos, asaltos, robos, extorciones, raqueteo, coacciones (usando explosivos o incendiando vehículos o inmuebles), raptos, feminicidios, etc. También se informa que la Policía Nacional – aun a riesgo de la vida de sus miembros – todos los días detiene a delincuentes y con los atestados los ponen a disposición de los fiscales para que formulen la denuncia legal al Juez Penal para que los procese penalmente.  Ante la creciente ola delincuencial, autoridades del Poder Ejecutivo y congresistas manifiestan que están adoptando las medidas para combatir la criminalidad. Muchas personalidades y/o penalistas hacen declaraciones públicas que en los procesos judiciales penales – que incluyen investigaciones fiscales – los magistrados fiscales y/o jueces no procesan a los delincuentes en tiempo breve (cumpliendo los plazos procesales) y suelen otorgar “libertad” a delincuentes detenidos por la PN.

Ahora, en plena campaña electoral (del 2026), entre la multitud de candidatos a la Presidencia o al Congreso, “dicen y/o vocean” que si son electos combatirán con efectividad a la delincuencia.

No obstante, todo lo expuesto la delincuencia (de todas las “especialidades” criminales y de toda edad) se incrementa cada día a pesar “de las persecuciones policiales”. ¡Probablemente se “creen” inextinguibles! Ante ello ¿las autoridades en los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ¿Qué pueden decir?

Objetivamente, la delincuencia se ha incrementado actuando en bandas y pareciera se sienten seguros no obstante a la persistente actuación de la PN. Mientras la población esta consternada y preocupada por los continuos asesinatos, robos, extorciones, etc. y se ve en la necesidad de exigir a sus autoridades que adopten medidas efectivas para combatir la criminalidad y evitar el crecimiento delincuencial. En el Ejecutivo y Legislativo, a pesar de “sus palabras y promesas”, no resuelven el grave problema de la inseguridad.

En el poco tiempo (aproximadamente 100 días) que queda a las actuales autoridades, evidentemente ya no podrán adoptar medidas para exterminar la criminalidad. Los que sean electos en las elecciones generales, más allá de sus simples palabras (a manera de promesas) están obligados a disponer (aprobando medidas legales) y actuar eficientemente en un combate eficaz y permanente contra la delincuencia que actúa individualmente u organizado en bandas nacionales y/o extranjeras.

Para combatir la delincuencia los electos y las nuevas autoridades, como reiteradamente se ha sugerido por medios periodísticos, deben adoptar actos estrictamente legales:

1.- Inmediatamente modificar el Código Penal, tipificando debida y actualizadamente cada delito y fijando penas más severas que las actuales, hasta la de prisión perpetua para la extorsión, chantaje, homicidio calificado, sicariato, secuestro, tráfico de personas y drogas, violación a menores y a los corruptos que “operen e entidades públicas o privadas”. A los reducidores se impongan penas iguales a los delincuentes en sus respectivos delitos. También establecer la pena de muerte para algunos delitos graves.

2.- Establecer normas procesales - en el Código  y leyes específicas - en materia penal, no dilatorias fijando la responsabilidad de fiscales y jueces (de todos los niveles jerárquicos) para que procesen en los plazos procesales, las investigaciones y las acciones judiciales en todas las instancias, bajo la personal responsabilidad administrativa y penal de los magistrados que no procesen las causas (expedientes) a su cargo en los plazos fijados.
 

3.- Establecer que los fiscales y jueces penales (de todos los niveles) no concedan libertad “provisional” o “detención domiciliaria” a los detenidos por la Policía Nacional por la comisión de delitos.
 

4.- Normar que los detenidos y sentenciados encarcelados sufraguen su sostenimiento y que trabajen. El Estado no debe sufragar su alimentación. En cada cárcel debe haber centros de trabajo (fábricas) para producir bienes para los mercados, que deben alquilarse a personas (naturales y/o jurídicas) de la actividad privada para producir mercaderías. Los trabajadores deben ser sólo encarcelados que pueden estar regidos por las normas laborales.

5.- Que los delincuentes, antes de salir en libertad, devuelvan los bienes y/o dinero que han robado a sus agraviados y que paguen la reparación civil impuesta en sus sentencias.
 

6.- Edificar de inmediato cárceles en las alturas andinas, seguras y que tengan talleres para producción de bienes. Las cárceles no deben tener equipos “técnicos” para comunicarse con el exterior.

7.- Disponer legalmente que la Policía Nacional en coordinación con los Municipios organice al vecindario y los capacite y/o instruya para la prevención de ser agraviados por la delincuencia mediante una vigilancia colectiva, ayuda a los que sean agraviados por delincuentes, estar en contacto por los Serenazgos y las Comisarias y/o puestos policiales de la zona. Este tipo de organización y capacitación, puede incluir: a) para la atención y servicios a los adultos mayores en cada vecindario; b) promover actividades artísticas (en poesía, literaturas, canto, baile, etc.) y deportivas entre los niños y adolescentes de cada barrio o vecindario; c) estar en contacto con el vecindario para poder ayudar a los vecinos en casos de enfermedad, accidentes y eventualidades.

Los electos el 2026 ¿tendrán la iniciativa y capacidad de hacerlo?