Fernando Rodríguez Patrón
En democracia, perder una elección no es sencillo. Menos aun cuando la diferencia es estrecha, cuando existe una alta polarización y cuando la competencia electoral ha estado cargada de desconfianza. Sin embargo, precisamente en esos momentos es cuando se mide la verdadera vocación democrática de los actores políticos. La democracia no se demuestra únicamente cuando se gana; se demuestra, sobre todo, cuando se acepta el resultado de las reglas que los contendores aceptaron previamente.
Las recientes declaraciones de Roberto Sánchez anunciando que no reconocería un eventual triunfo de Keiko Fujimori y denunciando supuestas irregularidades o fraude en el voto extranjero y el accionar, según señala, poco transparente de los organismos electorales, plantean un problema que supera la coyuntura electoral. No estamos frente a una simple declaración política, estamos ante una posición que, desde una perspectiva jurídica, merece una severa crítica por pretender trasladar al terreno de la sospecha aquello que no ha podido acreditar ante los fueros competentes.
En un Estado constitucional de derecho, las elecciones no se invalidan mediante declaraciones públicas. Se invalidan a través de mecanismos legales, con pruebas concretas, dentro de procedimientos establecidos y ante los órganos electorales correspondientes.
El sistema electoral peruano tiene una estructura diseñada precisamente para resolver controversias. La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza y ejecuta el proceso electoral; el Jurado Nacional de Elecciones ejerce la función jurisdiccional electoral y resuelve las controversias que puedan presentarse, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Existen mecanismos para cuestionar actas, denunciar irregularidades, solicitar nulidades y presentar recursos. La democracia no depende de la confianza personal de un candidato en el resultado; depende de que todos se sometan al marco institucional, por ello, afirmar anticipadamente que existe fraude sin presentar pruebas constituye una grave irresponsabilidad política y jurídica.
La acusación de fraude electoral no es una expresión cualquiera. Es una imputación de enorme gravedad porque afecta directamente la legitimidad de la voluntad popular. Quien afirma que una elección fue manipulada debe demostrarlo. No basta señalar dudas, sospechas o inconformidades. La diferencia entre una legítima impugnación electoral y un intento de desconocer la democracia radica, justamente, en la existencia de evidencia verificable.
El caso del voto en el extranjero merece una reflexión particular. Históricamente, las mesas de ciudadanos peruanos residentes fuera del país han presentado dificultades logísticas, niveles de participación distintos y particularidades propias de su organización. Estas son condiciones estructurales conocidas y documentadas, que en nada se asemejan a indicios de manipulación. Ningún retraso operativo, por sí solo, puede sostener la acusación de una alteración fraudulenta de la voluntad electoral. Pretender convertir una demora logística en evidencia de fraude no es un error conceptual: es una afirmación temeraria.
Una irregularidad, que ciertamente no advertimos en el caso del voto en el extranjero, puede ser investigada, corregida e incluso sancionada. El fraude implica una conducta deliberada orientada a alterar el resultado. La diferencia no es semántica; es jurídica.
Lo preocupante de la posición asumida por Sánchez es que invierte la carga de la prueba: en lugar de demostrar sus cuestionamientos, coloca primero la acusación y luego exige que sea el sistema quien demuestre lo que afirma; esta lógica es incompatible con un Estado de derecho.
Más aún, resulta contradictorio que un candidato participe en un proceso electoral regulado por autoridades constitucionalmente reconocidas y, al mismo tiempo, anuncie que solo aceptará las reglas si el resultado le favorece. La democracia no funciona como un contrato condicionado al éxito propio. Las reglas electorales tienen sentido precisamente porque obligan a todos, especialmente cuando el resultado es adverso.
El Perú no necesita más incertidumbre institucional. Después de años de crisis política, enfrentamientos entre poderes del Estado y cuestionamientos permanentes a las autoridades, lo que corresponde a los líderes democráticos es fortalecer las instituciones, no debilitarlas.
Roberto Sánchez tiene el derecho de cuestionar, fiscalizar y utilizar los mecanismos legales disponibles, ello forma parte esencial de la democracia. Pero una cosa es ejercer la defensa jurídica de sus intereses y otra muy distinta sembrar la idea de fraude sin demostrarlo, olvidando que la responsabilidad de un candidato no termina el día de la elección, pues esta se extiende a preservar la estabilidad democrática del país.
La actitud de Sánchez de cuestionar sin sustento el mismo sistema que le permitió competir no es democrática; olvida que las urnas producen victorias y derrotas, y que en democracia son los ciudadanos quienes eligen, las autoridades las que cuentan, los tribunales quienes resuelven y los candidatos quienes deben respetar los resultados.
1 Febrero, 2026
30 Agosto, 2024
