Autora: Silvana Pareja
La coyuntura política actual en América del Sur confirma que la región ha ingresado en una etapa de voto impaciente. Los ciudadanos ya no parecen dispuestos a sostener gobiernos solo por afinidad ideológica, promesas sociales o relatos históricos. Hoy el elector exige respuestas inmediatas frente a problemas que golpean su vida diaria: inseguridad, empleo precario, inflación, corrupción, informalidad y servicios públicos que no funcionan.
Este cambio se observa en varios países. Argentina sigue siendo el ejemplo más visible de una apuesta ciudadana por una ruptura económica profunda, encabezada por Javier Milei. Ecuador ratificó a Daniel Noboa en medio de una crisis de violencia que convirtió la seguridad en prioridad nacional. Colombia acaba de inclinarse hacia una opción de derecha tras una campaña marcada por el miedo al crimen y el desgaste del progresismo. En Chile, la discusión pública se ha desplazado con fuerza hacia orden, migración y estabilidad. En Bolivia, el agotamiento del ciclo del MAS abrió espacio a una nueva etapa política. Y en el Perú, la ajustada ventaja de Keiko Fujimori frente a Roberto Sánchez expresa una vez más la fractura entre dos visiones de país: una que reclama orden y mercado, y otra que mantiene un discurso de reivindicación social desde la izquierda.
El denominador común no es simplemente un “giro a la derecha”. Lo que existe es una reacción contra la ineficacia. Los electores no están premiando programas perfectos, sino castigando gobiernos que no lograron resolver sus principales angustias. La política regional se ha vuelto menos ideológica y más pragmática: quien no ofrece seguridad, estabilidad y crecimiento, pierde legitimidad rápidamente.
Pero esta nueva etapa también encierra riesgos. Los gobiernos que llegan con un mandato de orden pueden caer en la tentación de confundir firmeza con autoritarismo, o libertad económica con abandono social. La región no necesita sustituir un populismo por otro. Necesita instituciones que funcionen, policías fortalecidas, fiscales independientes, jueces que sancionen, reglas claras para invertir y Estados capaces de ejecutar políticas públicas.
El desafío económico será igualmente decisivo. América Latina continúa atrapada en tasas de crecimiento modestas, insuficientes para reducir la pobreza y ampliar la clase media. Por eso, hablar de inversión privada, disciplina fiscal y apertura económica no debe ser un ejercicio doctrinario, sino una agenda práctica para generar empleo formal, infraestructura, productividad y oportunidades.
La seguridad, además, se ha convertido en condición básica para cualquier proyecto de desarrollo. Sin control del territorio, sin combate real a la extorsión y sin reducción del crimen organizado, no habrá confianza empresarial ni tranquilidad ciudadana. La economía no florece donde el miedo domina las calles.
América del Sur atraviesa, entonces, un momento de oportunidad y advertencia. La oportunidad está en corregir el rumbo, recuperar la confianza y volver a crecer. La advertencia es clara: si los nuevos liderazgos no traducen sus promesas en resultados visibles, el péndulo político volverá a moverse. En esta etapa, gobernar no será administrar discursos, sino demostrar eficacia.
