La seguridad ciudadana no tiene ideología

FERNANDO RODRIGUEZ PATRÓN

Hay una paradoja que merece ser examinada. Juntos por el Perú (JP) presentó para las Elecciones Generales un plan de gobierno que proponía combatir la criminalidad, fortalecer la inteligencia policial, rastrear las finanzas del delito y mejorar la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia. Fuerza Popular (FP), por su parte, planteó objetivos semejantes. Sin embargo, cuando el Gobierno de Keiko Fujimori solicitó facultades legislativas para adoptar medidas de seguridad ciudadana, JP optó por oponerse y archivar el pedido. La pregunta es inevitable: ¿cuánto de esa negativa responde a diferencias sustantivas sobre la lucha contra el crimen y cuánto a la resistencia política a concederle una herramienta al adversario?

La prensa ha documentado la posición de la bancada de JP. El 5 de octubre, presentó un dictamen en minoría rechazando y archivando la solicitud, argumentando que no delimitaba adecuadamente sus alcances, comprometía la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas, y afectaba la función fiscalizadora del Congreso. No se trataba, por tanto, de inventar una oposición, esta existe y sus fundamentos han sido expuestos. Lo discutible es si esos reparos justificaban cerrar la puerta a una delegación acotada a la seguridad ciudadana y a la atención del fenómeno El Niño, o si correspondía negociar límites y controles.

La Cámara de Diputados aprobó finalmente, el 6 de octubre, un texto de consenso por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, que restringió la delegación a dos materias y solo por 90 días. JP se opuso en bloque. El Senado abrió después una controversia sobre la posibilidad de incorporar nuevos asuntos al texto aprobado. El debate, no ha estado libre de problemas de procedimiento ni de responsabilidad compartida entre oficialismo y oposición. Pero esa complejidad no elimina la cuestión política de fondo: ¿por qué JP rechaza una herramienta de acción estatal cuando buena parte de sus objetivos coincidía con aquellos que decía defender?

La comparación de los planes de gobierno de FP y JP para el período 2026-2031 permite poner a prueba la consistencia de sus posiciones. No se trata de afirmar que ambos programas eran iguales, ni de desconocer sus diferencias. Se trata de comprobar que, en materia de seguridad ciudadana, compartían un terreno mucho más amplio de lo que sugeriría su enfrentamiento parlamentario.

La coincidencia más elocuente aparece en la inteligencia criminal. FP propuso un «Sistema Nacional Integrado de Información Criminal», articulando información de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y los gobiernos locales. JP propuso, con exactamente la misma denominación, un «Sistema Nacional Integrado de Información Criminal», junto con el fortalecimiento de la inteligencia policial. No es una simple coincidencia: ambos identificaron una necesidad operativa concreta, la integración de información para investigar mejor y perseguir organizaciones delictivas.

También coincidían en el seguimiento de los recursos económicos de la criminalidad. JP planteaba una «Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito», con participación de entidades como la SBS, SUNAT y la UIF; FP propuso comandos mixtos y el control de las cadenas de valor criminales, incluyendo sus insumos, rutas y puntos de comercio. Los instrumentos no son idénticos, pero la finalidad es convergente: dificultar que las organizaciones criminales conviertan sus ganancias ilícitas en poder económico y capacidad de operación.

La tercera coincidencia está en las telecomunicaciones. JP propuso utilizar los sistemas de comunicación para la geolocalización y el control de chips, así como la trazabilidad de llamadas y mensajes mediante la coordinación con operadores y fiscalías. FP planteó el bloqueo de señales en los establecimientos penitenciarios y sistemas de geolocalización policial. En un país donde la extorsión telefónica se ha convertido en una amenaza cotidiana, la coincidencia debería ser motivo de trabajo conjunto, no de hostilidad.

Hay más. Ambos planes contemplaban reformar la Policía Nacional, fortalecer sus capacidades de investigación, mejorar la respuesta del sistema de justicia y proteger a las víctimas y testigos. JP proponía la «depuración inmediata de mandos comprometidos con redes criminales» y la democratización de los ascensos; FP planteaba profesionalización, equipamiento, modernización de comisarías y unidades especializadas. Difieren en el método, pero comparten el diagnóstico: una policía debilitada no puede responder eficazmente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.

La comparación de ambos planes de gobierno es reveladora: de 16 ejes de política examinados, 12 cuentan con medidas expresas de ambos. La coincidencia no demuestra que todas las propuestas sean equivalentes, pero demuestra algo políticamente relevante: la seguridad ciudadana admite una agenda mínima compartida que no debería quedar rehén de la rivalidad partidaria.

Las diferencias existen y deben discutirse. FP apuesta por un modelo más coercitivo, con participación de las FFAA, grandes establecimientos penitenciarios y una respuesta centrada en el orden. JP pone mayor énfasis en la prevención social, el control civil, los derechos humanos y la revisión del uso de la fuerza. Estas diferencias son legítimas. La delegación de facultades tampoco constituye un derecho automático del Ejecutivo: el Congreso tiene la responsabilidad de examinar la materia, el plazo, la precisión del mandato y sus límites constitucionales. Conceder facultades no significa entregar un cheque en blanco, como rechazarlas tampoco convierte automáticamente a una bancada en enemiga de la seguridad.

Pero precisamente por eso resulta cuestionable la rigidez de JP. Si considera que una medida es necesaria, puede exigir que se delimite con precisión, que se excluyan las materias constitucionalmente indelegables y que se establezcan controles efectivos. Si discrepa del uso de la fuerza o de la participación militar, puede oponerse a esas disposiciones sin bloquear las demás. Si prefiere las leyes ordinarias, debe explicar por qué ese procedimiento ofrece mejores resultados y cómo garantizará que la urgencia no se pierda en la lentitud parlamentaria.

Lo que no parece razonable es convertir el desacuerdo en una negativa que impida avanzar también en las materias donde existe coincidencia programática. Una oposición responsable no renuncia a fiscalizar; utiliza la fiscalización para mejorar las propuestas. No necesita abdicar de sus principios para negociar una solución útil. Y no debería confundir la derrota política de su adversario con una victoria para el país.

Aquí aparece la ironía. En sus documentos, los partidos suelen presentarse como defensores de la ciudadanía, la justicia y el bien común. En el Parlamento, sin embargo, algunos parecen descubrir que la utilidad de una medida depende también de quién pueda anotarse el mérito de ejecutarla. La cooperación se vuelve sospechosa cuando beneficia al adversario; el consenso, incómodo cuando permite al Gobierno exhibir resultados; y la urgencia nacional, convenientemente subordinable al cálculo partidario.

Contrastemos el Plan de Gobierno de JP con su conducta actual. Propusieron integrar información criminal, perseguir el dinero del delito y mejorar la capacidad investigativa de la Policía; pero, incoherentemente, optaron por una oposición frontal al instrumento legislativo que permitiría acelerar esas reformas. JP tiene derecho a desconfiar del ejecutivo; pero no tiene derecho a presentar su desconfianza como si esta resolviera los problemas de seguridad de millones de peruanos; tengamos presente que la delincuencia no concede treguas para que los partidos resuelvan sus diferencias.

 Por eso, la discusión no debe reducirse a si Keiko Fujimori obtiene una facultad más o menos. Debe examinarse qué medidas concretas pueden aprobarse, con qué controles, en qué plazo y con qué resultados verificables. El Gobierno debe aceptar límites constitucionales, rendir cuentas y demostrar que sus propuestas funcionan. La oposición debe fiscalizar con rigor, pero también asumir la responsabilidad de no convertir el control político en obstrucción automática.

JP puede conservar su ideología izquierdista y discrepar de FP en materia económica, social o institucional. No necesita hacerse fujimorista para admitir que la integración de información criminal, la inteligencia financiera y la lucha contra la extorsión son objetivos compartidos. Lo mínimo exigible es que sus decisiones parlamentarias guarden coherencia con las necesidades que proclama defender.

Cuando la bancada de JP se comporta como una corte que niega a su adversario hasta aquello que considera necesario, el problema deja de ser ideológico y se convierte en moral. Hay una diferencia entre vigilar al poder y obstaculizarlo por cálculo; entre hacer oposición y comportarse como una comparsa de su propia intransigencia y si bien esta mezquindad puede impedir que el Gobierno se atribuya un logro, no reduce la extorsión, no desarticula una banda ni protege a una familia amenazada.

Al final, quienes pagan el precio de esta intransigencia política no son Keiko Fujimori ni la bancada de JP. Son las víctimas de la delincuencia, para quienes la seguridad no es una discusión ideológica, sino una necesidad urgente.