La mitad de los argentinos antepone la eficiencia a la democracia, según una encuesta difundida en vísperas de las elecciones presidenciales que muestra también que el 72 % no está satisfecho con la democracia y que un 50% está conforme con que el Gobierno no sea democrático con tal de que resuelva sus problemas.
Paradójicamente, son cada vez más los argentinos que prefieren un líder respetuoso de las leyes, aún cuando no sea muy fuerte: un 77 % en la actualidad frente al 68 % en 2004, según revela este estudio, elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, la empresa demoscópica Poliarquía Consultores y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El desapego por los asuntos públicos queda de manifiesto también en el hecho de que al 58 % le interesa poco o nada los temas que se discuten en el Congreso Nacional, y además un tercio de los encuestados está en desacuerdo con que las normas aprobadas por el Poder Legislativo deben ser obedecidas si están en contra de su forma de pensar.
Por otro lado, siete de cada diez argentinos desaprueba que el presidente de la República dicte decretos de necesidad y urgencia en vez de enviar proyectos al Congreso Nacional.
PESIMISMO FRENTE AL FUTURO
A poco de celebrarse unos comicios generales en los que se elegirán el presidente y vicepresidente de la Nación, 130 diputados y 24 senadores nacionales, además de parlamentarios del Mercosur, la encuesta revela que el 40 % de los argentinos piensa que dentro de un año la situación del país será peor, frente a un 27 % que se muestra optimista y un 20 % que considera que estará igual.
Respecto a la confianza en las instituciones y los grupos sociales, las únicas que reciben una calificación alta son las universidades públicas (7,78), mientras que en la franja media se sitúan las fuerzas armadas (6,27), las fuerzas de seguridad (5,31), las organizaciones de la sociedad civil (5,25) y la Iglesia católica (5,05).
Se colocan por debajo en la aprobación social los medios de comunicación (4,7), el Congreso (4,46), la Suprema Corte (4,42), el Poder Judicial (4,3), la Presidencia de la República (4,05), los empresarios (3,88), los partidos políticos (3,14) y los sindicatos (3,12).
En un país que en los últimos tiempo se está viendo afectado por un aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana, especialmente los barrios más pobres y en provincias como Santa Fe, el 54 % de los encuestados opina que una persona presa por homicidio debería recibir pena de muerte, y un 60 % cree que es preferible que un ciudadano le disparé a alguien que comete un delito a que lo deje escapar.
Por último, casi tres cuartas partes (73 %) afirma que en realidad no todos los argentinos son iguales ante la ley, una percepción que ha crecido diez puntos con respecto a lo que se pensaba en 2014. Además, el 72% considera que los jueces son poco o nada independientes para tomar sus propias decisiones.
La encuesta se realizó con una muestra de 1.000 casos en un universo de personas residentes en grandes centros urbanos mayores de 18 años. Los datos se recogieron mediante una encuesta por teléfonos fijos y celulares, con un error estadístico de +/- 3,10 %, para un nivel de confianza del 95 %.