Nueva oportunidad para el diálogo

   Ernesto Álvarez Miranda

Que Keiko Fujimori haya propuesto a Luis Bedoya Reyes, político de 98 años, como facilitador del posible diálogo entre ella y el Presidente de la República tiene varias lecturas. La primera se refiere a la calidad del propuesto, quien desde que aceptó ser secretario personal del Presidente Luis Bustamante y Rivero hasta la actualidad, ha sabido mantener una trayectoria pública transparente e intachable, incluso a pesar de ser un realizador, además de polemista y líder de mano dura. Conoció muchos adversarios pero desde su perspectiva, ningún enemigo. No fue un político acostumbrado a flotar en la moda y corrección superficial, sino un luchador de profundas convicciones doctrinarias, ducho en la negociación y capaz en la realización. El reconocimiento le vino tarde, quizás como resultado de la notoria abundancia de polemistas y escasez de realizadores.

Lo segundo, resaltar el aspecto teórico que todo diálogo entre los líderes de los partidos que lideran el Gobierno y el Congreso, quienes actualmente se consideran algo menos que enemigos y que tienen pendiente algunos sentidos reproches, necesita de un facilitador, alguien que cuya auctoritas y prestigio personal esté por encima de cualquier duda. Solo quienes nunca hayan participado de una reunión así, pueden negar la validez de una intervención de nivel. Por último, la importancia de que estos líderes reconozcan la necesidad de dialogar a puerta cerrada, sin galerías exaltadas, sin asesores interesados en propiciar el enfrentamiento.

El primer tema es la propuesta del nuevo Contralor. El prestigio de ambos líderes estará en juego. Si el Gobierno propone a un candidato discutible que el fujimorismo no pueda aceptar, podría quedar pendiente la elección con el deterioro de la institución y de su importante labor. En democracia, el mismo reconocimiento del adversario y de sus fuerzas, conlleva la imprescindible coordinación previa a fin de que el propuesto tenga asegurado el apoyo necesario y se brinde al país una señal clara de que, por encima de la discrepancia coyuntural, las dos principales agrupaciones políticas asumen sus responsabilidades de Estado.

Así como se debate en el Congreso cómo adecentar a la política, evitando que los condenados por delitos de corrupción retornen a un cargo público, a que los políticos transparenten sus finanzas, así los principales referentes del sistema están obligados a actuar con sensatez y poner punto final a la inútil y perversa confrontación a la que malos asesores los han encaminado, paralizando la economía del país y comprometiendo el futuro de los peruanos.