ÁNGEL DELGADO SILVA
Reducir las mafiosas relaciones Odebrecht - OAS con la ex–alcaldesa de Lima a un mero “asunto de financiación indebida” durante la revocatoria, es un grave error, sin duda. Pero, fundamentalmente, una treta grosera para eludir responsabilidades penales.
Aquella prensa que nunca dejó de exaltar la supuesta incorruptibilidad de Villarán y que ahora admite cierta culpabilidad con extrema renuencia, se aferra a dicho argumento.Igual,la legión de acólitos que se prestaron a una cruzada, cada vez más pestilente. Así, ambos pueden sostener “desconocerlo todo”, pues se habría tratado de “un dinero marginal que ingresóa una campaña electoral ajena a la gestión municipal”, la cual tuvo sus propios comités financieros y organizativos.
Independientemente dela comisión del delito de lavado de activos –en el 2013 era de publico conocimiento la actuación delictiva de las corporaciones brasileñas centrar la atención en el financiamiento electoral constituye una forma de ocultar lo fundamental del crimen cometido. Lleva a tomar el “rábano por las hojas”.
Reparemos en esta secuencia:1) El 14 de enero del 2013 la Municipalidad Metropolitana suscribe una adenda con OAS, mediante la cual amplia el plazo de concesión en un 25%(de 30 años en el contrato original a 40). 2) Un mes después, el 10 de febrero, la entonces alcaldesa de Lima anunciacon pompa la firma del contrato con Odebrecht,“la gran solución para el transporte capitalino”, dijo. (entrega todos los peajes de la Panamericana Norte y Sur, por 30 años). 3)Días después, en marzo, se verifican los 3 millones de dólares de ambas empresas para la no revocatoria de Susana Villarán (uno de OAS y dos de Odebrecht), como atestigua el publicista Valdemir Garreta y corrobora Jorge Barata, según informa el Ministerio Público.
Preterir estos hechos, disociar su vinculación lógica y necesaria, reduciendo la culpabilidad únicamente a la fuente que financió la campaña, es una maniobra para confundir al público y ensombrecer la realidad de la cosas. ¿Podemos creer acaso que la corrupta maquinaria brasileña financió a Villarán por altruismo, sin ningún propósito de lucro, por puro amor al arte? ¡Por favor! Hasta la ingenuidad más pura tiene un límite.
Recordemos que el año pasado estalló el conflicto de los peajesen Puente Piedra.Los pobladores del distrito y de Lima norte, salieron a las calles para rechazar la violación al principio constitucional del libre tránsito. Se descubrió que ese cupo arbitrario, injusto y anti-técnico, resultaba ser el pulmón financiero de la concesión de Odebrecht. Tanto así, que el leonino contrato obligaba al Municipio limeño a cubrir los peajes, si fuera imposible imponerlos por la fuerza.¡Así de grotesco!
Todas las opiniones técnicas condenaron el contrato de concesión, pues reveloentreguismo y obsecuencia total para con la empresa, sin parangón alguno. Algo insólito y nefasto para la Municipalidad y la ciudad de Lima.
Producido el escándalo de patente corrupción,la Fiscalía debió investigar de inmediato. Estaba frente a evidencias de graves delitos contra la administración pública. Se había suscrito un contrato fraudulento, al estilo Transoceánica,Línea 2 del Metro yGaseoducto. La compañía brasileña adquiría beneficios exorbitantes, en perjuicio de los limeños. Era el cuerpo del delito, el punto de partida para la indagación fiscal. Sin embargo, ésta dejó pasar la oportunidad inexplicablemente.
Si se hubiera investigado, no habría dudasque los dólares brasileños fueron coima,“pagosilegales”, dado a cambio de los peajes metropolitanos y demás sobre-ganancias de los mafiosos.Poco importa que la plata negra se disfrace de regalos, viajes, becas, asesorías, títulos-valor, limosnas o fondos para campañas electorales. Seránsiempre la contraprestación por un acto ilícito que merma los fondos públicos, entrega bienes estatales y, por tanto, agravia a la comunidad entera.
Bajo esta óptica,la Fiscalía deberá investigar otros casos delictivos. Por ejemplo, los 160 millones de dólares que recibió OAS,gracias a una alza indebida de los peajes. Y por qué se laeximió de indemnizar a los propietarios afectados por las rutas construidas o ampliadas, según contrato,durante los últimos días de la gestión Villarán.Investigar también las concesiones otorgadas al principal socio de Odebrecht, la peruana Graña y Montero: la Av. Javier Prado, la extensión del Zanjón hasta San Juan de Miraflores y el monopolio para recaudar la cobranza de pasajes, en los corredores metropolitanos, sin la debida transparencia o la ausencia de concurso alguno.
Abandonar el enfoque de financiamiento ilícito a campañas electorales nos facilita comprender lo que en efecto sucedió. Odebrecht y sus cómplices no sufragaron coimas aisladas: compraron la Municipalidad Metropolitana, aprovechando la extrema debilidad de la alcaldesa. Lo hicieron a precio de remate. Por algunosmillones proyectaron utilidades fabulosas de 2 mil millones de dólares.
En consecuencia, el dinero invertido en la revocatoria, más que favorecer a Villarán (desgastada y sin futuro), fue una forma de proteger sus intereses, sus contratos, sus exorbitantes ganancias y demás granjerías.
Lima, 28 de noviembre de 2017