Acceso a la injusticia e inseguridad jurídica

El Estado peruano se está desgastando.  Creo que no hay conclusión que describa mejor la situación actual.  Ya no solo hablamos de un debilitamiento en su institucionalidad, sino de una incapacidad a todas luces comprobada, de manejar los conflictos, de brindar alternativas de solución a los problemas más urgentes del país (aunque claro, no los únicos) como es la inseguridad ciudadana y la desaceleración económica.

Los ministros  se han convertido en una pseudo camarilla de refrendo de las decisiones “políticas” de la pareja presidencial, desnaturalizando la gran responsabilidad que conlleva la gestión de las carteras ministeriales.  El Poder Legislativo parece estar reñido con los mecanismos de control político y con la ética de la mayoría de sus integrantes que ostentan sendas sentencias judiciales por violencia familiar o en agravio del Estado. Y una Administración de Justicia, inaccesible, lenta y burocrática, presta al manejo político de ocasión.

Mientras tanto, al otro lado de la acera estamos nosotros, viendo impávidos como nos perdemos entre la desesperación y la decepción, prestando oídos a propuestas ilícitas como la del linchamiento o el “exterminio” de delincuentes, apostando por la violación del derecho a un debido proceso, desmoralizados por la ineficiencia e indiferencia de un aparato estatal que alienta conductas antidemocráticas, deformando el derecho a la legítima defensa y fomentando la violación de los derechos humanos.

El tema de la Seguridad Ciudadana ha llegado a su punto más álgido. Si bien ya se han iniciado acciones concretas por parte del MININTER protocolizando el Decreto Legislativo N°1182 sobre el procedimiento de geolocalización, la delincuencia sigue en aumento ante la ausencia de efectivos policiales implementados y suficientes en las provincias y distritos con mayor incidencia.  De otro lado, la tramitación de los procesos desde el momento de la denuncia, carentes de la aplicación de estándares de justicia en atención a la celeridad y accesibilidad, así como también la ausencia de políticas preventivas del delito, promueven soluciones contrarias a un Estado de Derecho.

Esta ineficiencia también se traduce en 155 conflictos sociales aún vigentes, que muestran  74% de conflictos medioambientales, de los cuales, un 70% involucra a sectores extractivos, que comprometen el derecho de acceso al agua, la titulación de tierras y la remediación ambiental.  La Defensoría del Pueblo se pronunció en algún momento sobre el caso “Tía María”, como aquel que resume la problemática de los 10 últimos años en falta e inoperatividad de mecanismos de previsión y de diálogo.  Además, queda pendiente la fragmentación de las competencias de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, y el Ministerio de Cultura, a fin de atender la demanda de las comunidades de ser consultados y de otro lado fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales de las empresas.

Y así, de qué Seguridad Jurídica se puede hablar?.  Pretender seguir siendo la promesa regional para la inversión extranjera puede quedar solo en eso, en una muy osada pretensión de conformarnos con ser un país sede de eventos internacionales de mucho ruido y pocas nueces,  sobre todo si al Presidente de la República, nuestro líder político, poco le importan los escándalos de corrupción atribuidos a su entorno, la renuncia de los integrantes de su partido y la destitución de la procuradora a cargo de las investigaciones de lavado de activo de su gobierno. 

Si  el Jefe de Estado no hace caso a la demanda de transparencia, compromiso y  liderazgo  de las y los ciudadanos peruanos, ¿Qué podemos esperar de las demás instituciones?.

Lo único imperdonable sería una actitud indiferente de la sociedad civil, que prescinda de usar los mecanismos de participación y control  ciudadano, que no haga valer su voluntad mayoritaria en las próximas elecciones, y que no esté claramente convencida  de no volver a repetir el mismo error de elegir “mal” por desidia o desinformación.   Creo que ya tuvimos bastante.