Dentro de las propuestas del ex Presidente Alan García, tomé con especial interés, debido a su importancia, el programa “Juventud Profesional”, cuyo objetivo es financiar a los jóvenes bachilleres de universidades públicas, la obtención del título profesional que, por el costo y el tiempo que demora el trámite, se hace inalcanzable para muchos. Si bien el programa fue creado en el año 2010, no pudo llevarse a cabo por la dificultad que existía de reunirse con las autoridades universitarias y la poca voluntad de estos.
En el año 2012, según SUNEDU, existieron 46,953 graduados de las universidades públicas y al año siguiente sólo 34,543 lograron titularse. Existe pues, toda una burocracia que no facilita el acceso al título profesional por parte de los jóvenes, agregando los altos costos que deben pagar, no sólo por el grado en sí, sino por documentación y tramitología, innecesaria en su mayoría.
En el Perú existen 343 Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) del Estado, los cuales no cuentan con una buena infraestructura que ayude a su formación tecnológica. Aquí no encontramos ningún número de titulados. Al parecer, para este sector de estudiantes, no es muy importante la titulación, porque ya desde el segundo año de estudios obtienen un trabajo con el cual se siente medianamente satisfechos entrando a un estado de conformismo que nubla cualquier sueño de superación.
Por lo antes mencionado plantearé algunas propuestas que ayudarán a la mejora de este programa:
Debe incluirse como beneficiario a los egresados de los IEST, para promover la educación técnica que es la que se desenvuelve en las Mypes, generando el emprendimiento en el desarrollo de su profesión.
Todo beneficiario prestará un Servicio Social Profesional por 6 meses en el lugar que será designado por el programa.
El promedio ponderado de los beneficiarios en sus estudios de pregrado debe ser como nota mínima 14, premiando al esfuerzo de los jóvenes de bajas condiciones que han tenido un rendimiento regular.
El financiamiento para la titulación de un monto único debe ser estandarizado y entregado a la institución donde el joven beneficiario realizó sus estudios superiores, luego de suscribir el acta de compromiso cuyo propósito es la obtención del título profesional.
Este programa permitirá el posicionamiento de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo del país, además de ser un acto de justicia social para las juventudes del Perú.
