En primer lugar quiero expresar mi profundo respeto a la libertad de religión y a las creencias. Yo soy católica, aunque reconozco, no practicante asidua de los ritos de la Iglesia, lo cual no enerva mi fe en Dios. Pero así como creo en la existencia de la fe, soy una convencida que los derechos corresponden a la existencia de las personas, independiente de la religión que profesen, o así no profesen ninguna.
Ahora bien, es verdad que los derechos humanos han tenido presencia original en diferentes religiones como la musulmana, el budismo y el catolicismo, y mediante su desarrollo progresivo histórico, alcanzaron su concreción en la Ciencia Jurídica, desarrollándose el concepto de dignidad humana como fundamento básico de todos los derechos, de los cuales, el Estado se encarga de garantizar su respeto, protección y ejercicio.
En esa línea de ideas, la Constitución Peruana reconoce una relación de colaboración con la Iglesia Católica y otras confesiones, conservando su independencia y autonomía. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que al reconocer la influencia de la religión católica, la Constitución se aleja de las características del laicismo pleno como son: neutralidad del poder político e igualdad jurídica de las opciones religiosas.
Estamos ad portas de la segunda vuelta electoral y ya se escuchan voces de pacto con las iglesias que plasmarían relaciones de colaboración, como el compromiso suscrito por el partido Fuerza Popular con la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores (CCCPV), que consiste en no promover leyes a favor de la unión civil ni del aborto, señalando su lideresa, Keiko Fujimori, que esto era coincidente con sus “convicciones personales”. Como corolario a esta “oportuna” promesa electoral, fue el discurso dado por el Presidente de la organización, el Pastor Alberto Santana (discurso que por cierto no vale la pena reproducir), lleno de prejuicio y frases discriminatorias contra la comunidad homosexual.
Si bien es cierto, Keiko Fujimori ha rechazado las palabras de este pastor perdido en su ignorancia, con la suscripción de este compromiso le cierra la puerta al debate, como es el caso de las mujeres víctimas de violación. Entonces me pregunto, si anexo a tal compromiso hay una adenda donde ofrece una tratamiento psicológico efectivo y permanente tanto para la madre como para el niño producto de la violación en un Seguro Integral de Salud, o quizás, la promesa de aplicación de cadena perpetua sin beneficios a todos los casos de violación con reparaciones civiles efectivas. Defender la vida implica también garantizar vida digna para las víctimas.
Si vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho, ¿resultan válidos los pactos entre el poder político y las iglesias sobre derechos humanos? Los candidatos deben recordar que no nos van a gobernar en base a “sus convicciones personales” sino respetando lo voluntad popular y los derechos de todos y de todas. Que el hecho de rechazar posturas discriminatorias implica también rechazar cualquier compromiso que venga de quienes las expresan. Quizás sea bueno recordarles que serán líderes de la Nación y cabeza del Estado, un Estado que deberá garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y que temas como el de la unión civil y o el aborto en caso de violación merecen un exhaustivo debate en el Congreso, donde se escuchan todas las voces, donde se hacen las leyes. Señores candidatos, hay que tenerlo muy presente.
