A escasas semanas del final del régimen "Nacionalista", la aventura política de Ollanta Humala nos deja un gobierno débil e ineficiente, carente de raciocinio para conducir la economía nacional y pasar eficazmente de la teoría a la práctica. El cliché antiminero radical Humalista: "Agua u Oro" en etapas primigenias de campaña electoral, viró drásticamente a una precaria "Hoja de Ruta" ni bien se instalaron en el gobierno. No obstante, la fragilidad gubernamental radica en la bipolaridad del discurso presidencial que reflejaba la falta de convicciones claras sobre su pensamiento político, desatando una incertidumbre en los inversionistas, y el mal manejo que agudizó la conflictividad socioambiental.
El principal problema del gobierno de salida, fue su ineficiente capacidad de gestión para entablar mesas diálogo y acercar más el Estado a las comunidades. La desorientación como producto de la escasa difusión de información en las zonas de influencia minera y la entrega acelerada de concesiones con estudios de impacto ambiental poco claros, generan desconcierto provocando actitudes reaccionarias de las comunidades que ya han sufrido anteriormente, los estragos de la minería. Cabe mencionar que los proyectos más importantes como Conga y Tía María fueron paralizados, teniendo en cuenta que, según informe del Banco Central de Reserva (BCR), ambos suman US$22,000 millones, representando un aporte de 2 a 3 puntos porcentuales al crecimiento del PBI, en el hipotético caso de que se hubiesen concretado.
A la fecha el Gobierno de Ollanta Humala ha paralizado más de 10 proyectos mineros generando pérdidas que llegan a los 25 mil millones de dólares, reduciendo los ingresos fiscales y generando el desempleo de miles de puestos de trabajo. Como producto de ello se ha observado un estancamiento en el desarrollo de obras de infraestructura a nivel nacional y sobre todo en las poblaciones con altos índices de pobreza.
Si bien es cierto que la Minería tiene un alto impacto macroeconómico en los ingresos, el descontento social surge por la mala redistribución y las heridas ambientales que provocan la actividad extractiva, a esto se suma la indiferencia del Estado en las comunidades y la mala información que se teje en el entorno, azuzados por incitadores radicales cerrados al diálogo.
Es de hidalgos reconocer el impacto destructivo que ha provocado la minería en nuestras regiones andinas y amazónicas a lo largo de los procesos extractivos, pero frente a esto no podemos oponernos a la actividad Minera. Es necesario reforzar las políticas de Estado y exigir una "Minería Limpia" que desarrolle tecnología altamente eficiente para reducir al máximo el impacto al territorio, siendo importante el respeto a los estándares de calidad ambiental para garantizar la regeneración del sistema natural en el tiempo. Teniendo en cuenta que, también es importante poner mayor énfasis en el desarrollo de la Agricultura, Turismo, Pesquería entre otros; para diversificar la productividad y evitar el abuso extractivo de nuestros minerales.
El próximo gobierno tiene una labor urgente en lograr reconectarse con las comunidades; la presencia del Estado tiene que ser sólida y perenne para recuperar la confianza de nuestros hermanos del campo que con justa razón defienden el ecosistema ancestral pero que a la vez, tienen que entender que los demás peruanos necesitamos hacer uso de nuestros recursos para frenar los índices de pobreza que nos golpean a diario. Una pronta y justa redistribución económica mediante proyectos que mejoren su calidad de vida, una exhaustiva fiscalización ambiental con reajustes en la tramitología y una buena comunicación con acceso a fuentes fidedignas de información pueden disminuir la conflictividad social, de esta manera se equilibraría el triángulo básico del desarrollo, comprendió por El Estado, El Sector Privado y La Comunidad; que tienen que estar estrechamente ligados con objetivos comunes para avalar el crecimiento nacional sostenible.
31 Mayo, 2020
11 Enero, 2026
